La Fiscalía Anticorrupción no va a dejar pasar sin más el hecho de que Antonio Camacho, ex dueño de Gescartera y condenado hace poco más de un mes a 11 años de cárcel, se haya comprado un nuevo chalé de lujo en las afueras de Madrid (el anterior fue embargado por la justicia y curiosamente se lo adjudicó su suegra en la subasta correspondiente). Por este motivo, y tras varios meses de pesquisas, acaba de interponer una denuncia contra cinco personas que pudieron servirle de testaferros, a quienes acusa de "ayudarle" a ocultar sus ingresos reales, derivados de la apropiación indebida -junto a otros socios- de buena parte de los fondos de la polémica agencia de valores.

En su escrito, que ha remitido para su reparto a los juzgados de instrucción de Madrid, el Ministerio Público revela que son tanto familiares -por ejemplo, José Ramos, cuñado de su esposa, Laura García-Morey, absuelta en el juicio celebrado meses atrás en la Audiencia Nacional- como amigos -caso de Andrés Samperio, a quien Camacho conoce desde la infancia- del "fundamental artífice y urdidor... de la despatrimonialización" de Gescartera, como le califica el tribunal en su sentencia. También han sido denunciados Atanasio Mollejo, otro familiar de su mujer. Tomas Torre, administrador de una sociedad propiedad de su madre, y Mercedes Paños, otra administradora.

Según las conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía, los cinco aportaron de forma injustificada entre 2006 y 2007 distintas sumas de dinero -que, en total, superaron el medio millón de euros- a una docena de cuentas bancarias a nombre del propio Camacho o de sociedades vinculadas a él. A su juicio, esos ingresos "no responden a relación comercial o laboral alguna que los justifique", por más que los acusados hayan tratado de vincularlos con pagos por distintos servicios supuestamente prestados por aquel, e incluso una parte del dinero se ha declarado a Hacienda, si bien los conceptos apuntados no coinciden con las prestaciones reales.

Lo más sospechoso del caso es que Camacho aparentó una insolvencia casi total durante el proceso, al "no presentar bienes suficientes para garantizar las responsabilidades civiles" por el fraude 87,9 millones de euros perpetrado, según los jueces, a los 4.000 ahorradores que confiaron durante la década de los noventa en Gescartera. Tanto es así que ni siquiera para cubrir la fianza de 300.000 euros recurrió a la venta de bienes conocidos, tanto muebles como inmuebles, y tuvo que volver a depender de familiares y amigos. La Audiencia Nacional estima probado que el ex dueño de la agencia detrajo de forma directa 6 millones, si bien respecto a 36 millones de aquel 'agujero' desconoce cualquier pista sobre su paradero.