La Comisión de Agricultura de las Cortes aproyó ayer por unanimidad una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno de Aragón a crear,  de la mano con los ayuntamientos de la zonas afectadas, "una fórmula de apoyo" a los municipios para que puedan alojar en buenas condiciones a los temporeros que acuden para la campaña de recogida de fruta.

Ha presentado la iniciativa el portavoz socialista de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Marcel Iglesias, quien ha asegurado que “España es una de las potencias agrarias más importantes de la Unión Europea en el sector hortofrutícola” y que al “ser un país netamente exportador de frutas y verduras”, debería haber un "alojamiento adecuado" para los temporeros. 

Desde PP y Vox se ha presentado una 'enmienda in voce' para tener en cuenta el "trabajo que Jorge Azcón está planteando en materia de vivienda" que ha sido aceptada por Iglesias, ya que “hay muchos jóvenes que no pueden emanciparse y muchos trabajadores que tienen que vivir en furgonetas porque no encuentran vivienda en zonas turísticas”, ha recordado el popular José María Giménez. 

Por parte de Vox, Santiago Morón ha señalado que “fue con motivo de la pandemia" cuando denunciaron "la falta de infraestructuras para acoger la llegada de los temporeros de la fruta”, pero, que ahora “el Gobierno de Aragón promueve la adaptación de sus alojamientos bajo las competencias de la Dirección General de Trabajo”.

Desde CHA, Joaquín Palacín, votó a favor de resolver un problema importante que existe en algunas comarcas aragonesas que necesitan mano de obra para trabajar en el sector frutícola”. 

En la comisión de Agricultura se habló también de la necesidad de que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que los agricultores reciban un precio justo y puedan mantener sus explotaciones. Para ello, compareció, a petición propia, el director de Innovación y Promoción Alimentaria, Juan José Orriés. 

Orriés si se refirió a las ayudas sectoriales para favorecer la comercialización de distintos productos, pero reconoció que poco pueden hacer para que se cumpla la ley de cadena alimentaria. "Limita la actuación sobre los precios de los productos” y “desde el Gobierno de Aragón hemos incorporado unidades específicas de control de la cadena alimentaria en los servicios provinciales”. Ha añadido que “se ha controlado especialmente el sector del cereal, el vino, la fruta de hueso y la leche”, en el que ha habido una sanción “por no contener todos los extremos requeridos en los contratos”.