AGRICULTURA
Solo un 4% de los jefes de explotaciones cuenta con formación profesional agraria
Sumar plantea un plan de rescate al sector ante problemas estructurales como la falta de relevo generacional.
Las protestas de los agricultores a las que esta semana se suman también los transportistas han vuelto a poner sobre la mesa problemas estructurales en el sector que van más allá del alza de costes. La falta de agricultores se ha convertido en un mal endémico del campo en el que mucho tiene que ver los escasos incentivos para impulsar la profesionalización del sector primario.
En concreto, poco más de un 4% de los jefes de explotaciones -las personas responsables de la gestión corriente y cotidiana de la explotación- cuenta con formación profesional agraria. Según un reciente estudio de CaixaBank Research, a partir de datos del INE, en 2009 la cifra apenas superaba el 1,5%. Pero la estadística evidencia que aún hace falta un enorme esfuerzo para empujar el relevo generacional con cada vez menos jefes menores de 45 años (un 14% del total) y más mayores de 65, que superan el 41%.
"Esta situación es especialmente acusada en los casos de Andalucía, Castilla y León o Extremadura, mientras que se observa mejora en las regiones de la cornisa cantábrica", indica el informe. José Antonio Latre, socio responsable de Estrategia para Retail y Consumo de EY, añade que "hay un problema de fondo en el que la solución no pasa por regular los precios, sino por conseguir estructuras eficientes de producción y comercialización". "Tenemos un sector muy competitivo, pero debemos mejorar su estructura, con cientos de miles de pequeñas explotaciones", algunas de las cuales son ineficientes por los elevados costes.
Próximos pasos
En este entorno, y ante la amenaza del paro indefinido que el pasado sábado acordaron parte de los agricultores y transportistas -que no cuentan con el respaldo de las grandes organizaciones- el Gobierno busca mover ficha esta semana, con una primera cita el próximo 14 de febrero cuando se reunirá el Observatorio de la Cadena Alimentaria, encargado de encontrar el equilibrio de formación de precios entre los distintos eslabones.
Por otro lado, Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que, entre otras cosas, pide al Gobierno un plan de choque para compensar las pérdidas de los productores o que se tenga en cuenta el tamaño de las explotaciones en las exigencias burocráticas de la Política Agraria Común (PAC).
La compensación de las pérdidas se acompañaría con un plan de rescate agrario integral a corto, medio y largo plazo que se elaboraría con las organizaciones profesionales agrarias y el sector en su conjunto. La idea de este plan es afrontar el incremento de precios de las materias primas, la sequía, la venta a pérdidas o la falta de relevo generacional.
También proponen los de Díaz reconocer a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) como representantes e interlocutores del sector y mejorar los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria y los estándares de seguridad en la entrada de productos vegetales. Por último, instan a estudiar fórmulas de priorización de las ayudas al sector hacia el modelo social y familiar agrario.
