Pionero ha sido el sector de la construcción en dotarse de un plan estatal de pensiones en su convenio para complementar lo que es el sistema público. Con el fin de mejorar las condiciones laborales de un gremio que va escaso de mano de obra, sindicatos y empresarios han incluido en el convenio que del 4% de subida salarial para 2024, un 3% vaya a la nómina y otro 1% a la mochila de la pensión. 

Eso supondrá que ya este año por ejemplo un oficial de primera en la construcción reciba 300 euros de aportación media anual por este concepto, con lo que este 2024 tendría en su mochila de pensiones unos 900 euros correspondientes a estos tres últimos años. Así lo han explicado hoy en rueda de prensa Juan Carlos Bandrés, presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), y el responsable de Construcción en UGT Aragón, Manuel Grande. 

Las empresas tienen de tiempo para adaptarse tres meses a partir del 1 de febrero para ingresar en la mochila de sus trabajadores esta aportación, que se integrará en el fondo que gestionará VidaCaixa. Lo podrán  rescatar en caso de ser parados de larga duración, jubilarse, tener una incapacidad permanente o fallecimiento por accidente laboral. Y se deberán efectuar en un pago único las contribuciones correspondientes a 2022, 2023 y 2024, según las tabals publicadas.  

Desde este año, las contribuciones empresariales tendrán un carácter mensual y se abonarán al mes vencido. La empresa se bonifica así hasta el 10% del impuesto de Sociedades por aportaciones de trabajadores con sueldo hasta 27.000 euros anuales y tanto trabajador como empresa se desgravan una parte de las cotizaciones sociales y rebaja la base imponible del IRPF.

Bandrés ha considerado este plan de pensiones estatal, el primero del que se dota un sector, "un paso importante para la transformación que vive el sector y poder atraer personas y que las que se jubilen tengan una pensión adicional". 

Por su parte, Manolo Grande, de UGT ha señalado que son 4.500 empresas, 11.500 autónomos con personal a su cargo y 26.000 trabajadores los que van a verse beneficiados por esta medida, a la que pueden acogerse también voluntariamente los autónomos sin empleados. "Es muy importante este plan de pensiones propio para que acuda gente joven al sector y vean que nos tomamos en serio su vida laboral futura", ha dicho, ante el problema serio que se da de "falta de relevo generacional". 

Bandrés ha explicitado que cada año del incremento salarial, se dedicará una parte a la subida de la nómina y otra al plan de pensiones. 

Patronal y sindicatos recuerdan que en el VII Convenio General de la Construcción se han pactado las aportaciones hasta 2024, condicionadas por el incremento salarial acordado.

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Un sector que no deja de crecer

De esta manera, de la subida del 4% para 2022, un 1% irá destinado al plan de pensiones; mientras que el incremento salarial en 2023 será del 3%, manteniendo la misma aportación al Plan de Pensiones. Finalmente, en 2024 los salarios subirán un 2,75% y se realizará una aportación de un 0,25% adicional, añadida a la misma de los años anteriores. A partir del 2025 tendrán que negociarse las aportaciones en el próximo convenio general.

Más necesidad de VPO en Aragón

Bandrés ha estimado que en este momento puede haber unas 800 o 900 viviendas de protección oficial (VPO) ejecutándose en Aragón (unas 300 o 400 todavía pendientes de calificación), pero que serían necesarias más y sobre todo cambiar el concepto que tienen de VPO las administraciones, que se han quedado ancladas en una superficie de 90 metros cuadrados cuando habría que hacer más pero de menor tamaño. 

Asimismo, Manolo Grande ha dicho que haría falta que se construyeran cuatro veces más VPO de las que se están acometiendo para paliar ese gran déficit que ha habido en estos últimos años. Y ha recordado lo difícil que resulta para las personas jóvenes acceder incluso a una vivienda de este tipo y a una normal ya que se les exige adelantar el 20% de su valor má el 10% del IVA lo que supone una cantidad de 55.000 euros de una media de 185.000 euros que cuesta una vivienda nueva, lo que es totalmente inasumible. 

Atajar la siniestralidad en el sector

Se requiere una mayor concienciación en empresas y trabajadores. Es lo que ha pedido Manolo Grande, de UGT, para atajar el repunte en accidentes laborales mortales registrados este año ya que de un total de 32 que hubo en Aragón en 2023 hubo 8 en la Construcción. 

"La mayor parte de accidentes han sido en empresas pequeñas y del medio rural donde no llega ni la información ni la capacidad de control de la Administración", ha dicho el sindicalista, que ha pedido más vigilancia por parte de la Inspección y mucha más formación en prevención. 

"Es lo peor que nos puede pasar a las empresas: los accidentes laborales", ha dicho Bandrés que ha insistido en la necesidad de industrializar el sector, que "está muy atomizado, todavía hace mucho trabajo manual, y en ocasiones se deja a la decisión personal si ponerse el arnés o no". 

La industrialización se tiene que hacer sí o sí", ha señalado, para poder mantenerle al cliente unos precios adecuados por la vivienda, ha concluido.