La subida de salarios pactada con los funcionarios para 2024, en el aire
El Gobierno convocará 884 plazas en la Administración General para cumplir los objetivos de estabilización del empleo temporal
Los funcionarios tendrán que esperar para confirmar la revalorización del 2% de sus salarios para 2024 pactada dentro del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que incluye además una parte variable del 0,5% para este año que les aplica, una vez conocido que se superará el objetivo de crecimiento del 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023. CC OO anunció ayer movilizaciones si no se retoman las negociaciones y se garantizan esos incrementos retributivos ya acordados, tras comprobar que el Gobierno no los ha incluido en el real decreto ley con el que se ha desarrollado el nuevo paquete anticrisis.
Como consecuencia de los retrasos sufridos por el adelanto electoral y el periodo de disolución de las Cortes, el Ejecutivo también aprobó ayer la prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Pero los sindicatos insistieron en que en los tres años en los que no hubo cuentas públicas se optó por ese formato de real decreto ley para sacar adelante las medidas de mejora del empleo público, en aquellos años pactadas con el Partido Popular. El documento aprobado por el Consejo de Ministros ayer sí incluye, de hecho, otros planes para la Administración General del Estado, como la incorporación de 884 plazas (793 de funcionarios y el resto de personal estatutario) con el objetivo de situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de la administración, un texto que ha contado con el aval de las centrales sindicales, que aprobaron las cifras en la mesa de negociación celebrada el pasado 22 de diciembre.
Jubilación parcial
"Al incumplimiento de los incrementos retributivos antes mencionados, hay que sumarles la recuperación de la jubilación parcial para el personal funcionario o el carácter de mínimos de los permisos, algo también pactado", advirtieron desde CC. OO. "La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, desprecia a más de cinco millones de empleados públicos", insistieron desde el sindicato.
A esto se sumaría el retraso, como consecuencia del adelanto electoral y la conformación del nuevo Gobierno, de la implantación de las 35 horas en el ámbito de la administración del estado, la carrera profesional o la implantación del grupo B y la adaptación al Marco Español y al Marco Europeo de las cualificaciones del nuevo cuadro de clasificación profesional.
