La cuantía del subsidio y la posibilidad de cobrarlo con un trabajo, la gran brecha entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz
Trabajo y Economía liman asperezas en la extensión a más adultos sin hijos y en aplicar un ajuste de la ayuda a medida que vaya pasando el tiempo.
Ninguna de las dos primeras vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, tendrán descanso en un puente que estará marcado por las negociaciones para cuadrar la reforma del subsidio por desempleo. Los posibles cambios han tensado las negociaciones entre ambas ministras en los últimos días por dos cuestiones que parecen por ahora insalvables entre ambas: la cuantía de la ayuda (actualmente, 480 euros al mes, un 80% del IPREM) y la posibilidad de que la prestación sea compatible con un puesto de trabajo.
Así lo indican a este diario fuentes de la negociación, que admiten la complejidad para ponerse de acuerdo, aunque también insisten en que se llegará a un pacto: lo exige la Unión Europa para desembolsar el cuarto paquete de fondos; y estamos en un inicio de legislatura que no podría ofrecer una imagen de ruptura en el seno del Consejo de Ministros. Aunque una de ellas, Calviño, está con un pie fuera si es elegida presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), este mismo viernes.
La única propuesta que se conoce es la del Ministerio de Trabajo, que aboga por incrementar la cuantía actual del subsidio hasta los 660 euros durante los seis primeros meses, para después bajar a los 540 euros y posteriormente a los 480euros. Desde Economía no han ofrecido datos concretos, aunque diversas fuentes insisten en que no abogan por recortar los 480 euros actuales, sino partir de esa cifra para elaborar otros cambios del modelo de prestación -incluido el SEPE para que gestione más ofertas- que se vincula a quien ya ha agotado el paro.
En este punto de fricción también tienen la palabra otros dos departamentos del Gobierno que se encuentran incluidos en la negociación y sobre los que poco se conoce su opinión públcia: Hacienda, liderado por la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, al tratarse de una ayuda con impacto en las cuentas públicas; y el de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, al contar con un sistema de protección como el del ingreso mínimo vital (IMV), que puede hacer las veces de parapeto a los parados de larga duración para complementar el subsidio. Incluso el Ministerio de Agricultura está inmerso en las conversaciones por si se amplía la ayuda a agricultores ajenos a Extremadura y Andalucía, con el antiguo PER.
La posibilidad de cobrar el subsidio al mismo tiempo que se trabaja es la otra línea roja a superar en la negociación. Trabajo aboga por establecer esa compatibilidad durante los primeros 45 días. Sin embargo, Economía insiste en ampliar ese periodo durante varios meses para lograr que el trabajador tenga un complemento que le permita estar en activo y cobrando el subsidio para «fomentar el mercado laboral» frente a «subsidiar» el paro.
Sin embargo, para Díaz, cualquier sombra de sospecha sobre los perceptores de esta ayuda implica «un recorte» y se muestra contraria a ello. La vicepresidenta segunda ya acusó este lunes a la primera de defender un modelo de «recortar derechos» y reconocía la «batalla ideológica» entre ambas.
A pesar de estas dos grandes discrepancias, hay varios aspectos del futuro subsidio en los que sí existen posturas que se han ido acercando en las últimas semanas de negociación. Una de ellas pasa por la extensión de la ayuda a nuevos colectivos que hasta ahora no tenían derecho a cobrarla, como los menores de 45 años sin cargas familiares (el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó a menores de 50 este lunes, aunque fue corregido por la propia Díaz);o los agricultores de comunidades donde no existe el régimen especial extremeño y andaluz. Serían, en total, unos 400.000 beneficiarios más que ahora, con lo que habría más de un millón de ciudadanos cobrando ese subsidio.
Pasar el filtro de Bruselas
En lo que también van convergiendo Economía y Trabajo es en la reducción paulatina de la cuantía que perciben los beneficiarios a medida que transcurre el tiempo. El subsidio por desempleo dejará de ser lineal, como hasta ahora, durante los 30 meses en los que es posible cobrarlo.
Sea la fórmula que sea la que se ponga en marcha, España deberá presentar su reforma de esta prestación antes de que finalice diciembre ante la Comisión Europea. Además, Bruselas tiene que dar el visto bueno a unos cambios que considerará acordes. A la vez que sindicatos y patronal mostrarán su opinión. Por ahora, las divergencias también son notables. Los empresarios son más partidarios de la propuesta insinuada por Calviño frente a UGT y CC. OO., que quieren ampliar las cuantías de la ayuda mucho más allá de lo que les ha planteado Díaz en sus conversaciones de esta semana.
