El fiscal ratifica que Iberdrola "maquinó" para inflar el precio de la luz en 2013
La acusación se ve obligada a rebajar de 84,9 millones de euros a 5,4 millones la multa que pide para la empresa por un cambio legal.
El juicio contra Iberdrola Generación -filial del grupo encargada de la producción- por inflar supuestamente el precio de la energía entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 avanza en la Audiencia Nacional. El juez escuchó ayer las conclusiones finales de la Fiscalía Anticorrupción que, en el mismo sentido en el que se manifestaba en su escrito de acusación, insiste ahora en que la compañía "maquinó" para alterar los precios en aquel momento "sin causa justificada".
El fiscal se ha visto obligado a rebajar la multa que pide para Iberdrola por el delito de manipulación de los mercados desde los 84,9 millones de euros hasta los 5,4 millones, ante un cambio en la reforma del Código Penal de 2015 que no se había contemplado en un principio, según informa Europa Press.
Por otro lado, también se ha solicitado incrementar las indemnizaciones a los consumidores y comercializadoras que se vieron perjudicados por el drástico repunte de los precios en aquellos días. "Se retiró de la oferta una cantidad considerable de megawatios que la compañía dejó de producir y sostenemos que no hay una causa legítima", insiste el fiscal en su escrito, en el que también mantiene su solicitud de dos años de prisión para los altos directivos que están siendo juzgados en el caso. A mediados de octubre, cuando tuvo lugar la primera sesión del juicio oral, los mismos ya negaron que la compañía les trasladara ninguna "consigna ni estrategia" para manipular los precios, defendiendo que el coste al que se oferta la energía al mercado se fijaba de forma automática.
Antecedentes
Los hechos que llegaron a juicio se remiten a finales de 2013, cuando Iberdrola Generación habría inflado artificialmente el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Era una etapa de gran sequía y la gestión de los embalses estuvo en el punto de mira de los reguladores.
Tras aquellos acontecimientos, se abrió una investigación que derivó en la instrucción del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, quien envió en julio de 2022 al banquillo a la compañía y a sus ejecutivos por un delito relativo al mercado y consumidores. Desde entonces, Iberdrola circunscribe el juicio a una cuestión técnica y no penal. "No existe prueba o indicio que apunte a irregularidad alguna en el precio de la energía", aseguraban entonces fuentes de la empresa, insistiendo en que no solo ganaron sino que el grupo se vio perjudicado en ese contexto de sequía y la restricción impuesta al uso de agua como fuente de generación eléctrica en aquel momento a través de sus pantanos con centrales hidroeléctricas.
Sin entrar en más detalles, el fiscal recordó este martes que una causa de esa posible alteración de precios estaría en un posible "enfrentamiento con el Gobierno" ante la retirada de los Presupuestos de una partida para compensar el déficit de tarifa. La acusación también recordó que aunque la gestión de los embalses es de las eléctricas, la norma establece que en el uso del agua debe primar el interés público y no solo los de mercado.
El juicio continuará este miércoles con la exposición de informes de otra de las acusaciones, a la que seguirán los de las defensas de los cuatro acusados y de Iberdrola.
