El Gobierno se pondrá ya, de forma inmediata, manos a la obra para realizar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que beneficiaría a más de 2,5 millones de trabajadores. Esta fue, en realidad, casi que la primera gran decisión que tomó Pedro Sánchez cuando llegó a La Moncloa en la anterior legislatura y su intención es repetir este mismo golpe de efecto. Así se desprende de las palabras pronunciadas este lunes por la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, con lo que, además, parece que da por seguro que se mantendrá al frente del Ministerio de Trabajo o, como mínimo, que esta cartera seguirá en manos de Sumar, aunque queda por resolver aún la incógnita de si continuará como vicepresidenta segunda o ascenderá en el escalafón y se convertirá en la número dos del Gobierno.

"Con carácter inmediato vamos a convocar a los agentes sociales para seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional", prometió Díaz durante la reunión que mantuvo en el Congreso con los 31 diputados de Sumar de cara a preparar la coordinación del grupo parlamentario para la sesión de investidura y la legislatura.

Pero mucho han cambiado las cosas desde aquel año 2020, cuando, sin haber pasado siquiera un mes de haber sido investido presidente, la primera gran decisión de Sánchez fue subir de 900 a 950 euros el salario mínimo, en su compromiso de situarlo en el 60% del salario medio. Esta medida se produjo además con acuerdo en la mesa del diálogo social, algo que se da prácticamente por seguro que no ocurrirá esta vez. La CEOE, o mucho cambia la situación, o no estampará su firma en ningún documento para elevar de nuevo el salario de los trabajadores que menos ganan. Las relaciones entre los empresarios y La Moncloa están ya no solo más que tensas, sino prácticamente rotas, y la patronal ha manifestado su "grave preocupación" por el pacto de investidura alcanzado.

Aún así, Yolanda Díaz quiere intentarlo. En realidad, se trata de una obligación del Ministerio de Trabajo: la de convocar a los agentes sociales a la mesa de negociación antes de anunciar el nuevo salario mínimo, aunque al menos solo sea para comunicarles la decisión. Por eso también avanzó que convocará a la comisión de expertos para ampliar su mandato y que elaboren un estudio de lo que ha supuesto el incremento del SMI del 47% durante el Gobierno socialista. Cuando Sánchez llegó a La Moncloa la remuneración más baja se situaba en los 735 euros al mes, repartidos en 14 pagas. En la actualidad, y tras experimentar la mayor subida en más de cuatro décadas, asciende a 1.080 euros.

En cualquier caso, todo hace prever que el nuevo año comenzará con el salario mínimo congelado, puesto que desde el Ministerio de Trabajo ya deslizaron a este periódico que habrá que esperar a tener unos Presupuestos antes de aprobarlo. Y los Presupuestos no podrán estar listos hasta el año que viene, según fuentes de Moncloa. No obstante, se puede aplicar de forma retroactiva desde enero.

Enmienda a la reforma laboral

Al mismo tiempo que el anuncio de Díaz, UGT, que quiere un salario mínimo de 1.200 euros ya en 2024, no ha querido ni esperar a que se forme oficialmente el nuevo Gobierno y ha querido dejar claro que su principal reivindicación para esta legislatura será elevar el coste del despido en España. Y lo hace con una propuesta de máximos. Así, exigirá que se implante por ley una indemnización mínima de más de 7.500 euros para los trabajadores a jornada completa que sufran un despido improcedente, incluso aunque solo hayan estado en su puesto uno o dos meses.

En realidad, UGT no ha ofrecido una cuantía concreta, pero sí ha puesto encima de la mesa cuáles serán sus condiciones cuando se echa a un empleado sin una razón justificada y de manera arbitraria. Así, lucharán por implantar una indemnización mínima de seis meses, independiente de la antigüedad del trabajador. Significa esto que todo aquel que sea injustamente despedido tendrá una compensación de seis meses de salario, lo que implicará, por tanto, un mínimo de 7.560 euros para los que estén a tiempo completo, teniendo en cuenta que el salario mínimo está situado en 15.120 euros anuales.

Indemnización adicional

Pero, además, exigirán recuperar los 45 días por año trabajado de indemnización por despido improcedente que existía antes de la reforma laboral de 2012, frente a los 33 actuales. Y no solo eso, sino que también contemplan que el juez dictamine una indemnización adicional atendiendo a la prueba del daño y con un tramo específico para atender a la función disuasoria.

Asimismo, hay otras dos medidas que pedirán cuando se sienten a negociar esta reforma: recuperar los salarios de tramitación en los despidos sin causa justificada y, a su vez, otorgar al trabajador la facultad de decidir si se reincorpora a su puesto o no, en lugar de que sea el empresario quien tome esta decisión, algo que así ocurre en la actualidad.