Estadística, tres años en el punto de mira y un cambio abrupto en la presidencia
Desde la pandemia, el INE se ha visto envuelto en correcciones de otros organismos públicos y privados, con el PIB y la inflación en entredicho.
Las controversias estadísticas en las que se ha visto envuelto el INE durante los tres últimos años han impactado tanto en la imagen de la institución que el que fue su presidente durante los tiempos más duros de la pandemia, Juan Manuel Rodríguez Poo, llegó a presentar su renuncia al cargo en el verano del año pasado tras meses de polémicas entre el organismo y el Ministerio de Economía a cuenta de dos de los datos más relevantes para comprobar el pulso de la situación por la que atravesaba España: el Producto Interior Bruto (PIB), esto es, el crecimiento del país; y el que se ha convertido en más importante en los últimos meses, el Índice de Precios al Consumo (IPC), que mide la inflación.
El departamento dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño calificaba ese movimiento como un "refuerzo" de la institución y descartaba injerencias. "Aquí no ha habido presiones y sí reconocimiento a la labor", aducían fuentes gubernamentales. Pocas semanas después se designó para el cargo a Elena Manzanera, procedente del organismo de Estadística de Andalucía.
Hasta entonces, su predecesor tuvo que lidiar incluso con las acusaciones más o menos veladas de algunos ministros, que en privado señalaban las incorrecciones del organismo. También del Banco de España: en octubre de 2021, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, advertía de que habría "revisión significativa a la baja del crecimiento" de España para ese año después de la modificación de los registros realizada por el INE en el segundo trimestre y de las llamadas de atención realizadas por varios organismos internacionales en torno a la evolución del PIB.
Pero el episodio más impactante surgió a cuenta de la inflación, a principios de 2022, cuando los precios aún no subían ni de lejos lo que llegaron a repuntar ese verano, por encima del 10%. En uno de sus informes, CaixaBank Research indicaba que el INE había sobreestimado la inflación media del año 2021 en casi un punto porque el organismo no había medido correctamente la evolución de los precios de la electricidad, lo que "generó un claro sesgo al alza en la estimación del IPC durante 2021".
En realidad, el INE medía la inflación de la luz solo con los contratos regulados, que suponen menos del 40% del total, y dejaba al margen el resto de tarifas libres, sin incluir. Estadística llegó a responder con un insólito comunicado en el que defendía la "metodología clara y precisa", acorde con las reglas europeas, con la que calculaba el IPC. Durante meses, el INE y las eléctricas fueron puliendo los datos de esas tarifas libres de la luz para incorporarlas a la estimación de la inflación hasta que finalmente lo hicieron a principios de este año, ya con la nueva presidenta al frente de la institución.
