La Audiencia Nacional rechaza la suspensión cautelar del impuesto a la banca
El tribunal mantiene el criterio fijado en febrero y rechaza preguntar a la Justicia europea sobre la validez del nuevo tributo.
La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso del grupo Kutxabank -formalizado a través de su filial CajaSur-, Banco Sabadell y Bankinter en el que se solicitaba una suspensión cautelar del nuevo impuesto a la banca aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los magistrados han considerado que no es necesario adoptar medidas antes de que se falle el fondo del asunto, la legalidad o no del tributo, al estimar que no se producirá un daño irreparable. En el caso de que se ilegalice en el futuro este gravamen, han estimado los jueces de lo contencioso, los bancos recuperarán del Estado las cantidades abonadas. Los autos tan solo han valorado ese hipotético perjuicio, sin juzgar la legalidad del gravamen.
La Audiencia Nacional ya había adoptado una decisión similar hace varios meses, cuando rechazó la suspensión cautelar solicitada por Repsol, en ese caso al gravamen especial que pesa sobre las energéticas. Ahora, además, también se ha mostrado en contra de una segunda petición realizada por los bancos que presentaron el recurso, ya que reclamaban la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. Esto es, que antes de fallar, los tribunales españoles sondeasen a la Justicia de la Unión Europea en torno al encaje legal del impuesto, un tributo que grava los ingresos obtenidos en España por los bancos y que se derivan del margen de intereses y de las comisiones por servicios.
Dudas sobre si será temporal
Las tres entidades financieras habían recurrido en este caso a una 'triquiñuela' en su intento de paralizar el pago del impuesto. Así, este recurso se había presentado contra una orden ministerial, que no tiene rango de ley, en la que se definían los modelos de declaración y liquidación del impuesto. Fracasado este primer intento, los bancos confían en que prosperen el resto de iniciativas legales que se han desplegado contra el tributo, que obliga a todos los bancos con ingresos superiores a los 800 millones de euros anuales.
Mientras tanto, persisten las dudas sobre el futuro de esta figura impositiva. El Gobierno lo aprobó para los años 2022 y 2023, pero los líderes de Sumar ya han señalado que exigirán su continuidad si forman parte del nuevo Gobierno. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en una reciente reunión con varios presidentes de bancos no fue concluyente sobre la estrategia que desea seguir en este tema el Partido Socialista.
