Desde el departamento que dirige la consjera María Victoría Broto, responden al presidente de Adislaf, José María López, que "su entidad tiene hacia la Administración los mismos derechos y obligaciones que todas las que integran la atención a la discapacidad en Aragón y que esa premisa es la que debe regir el trato hacia ellos". 

Dicho esto, abundan desde la Consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales que "el conflicto concreto con Adislaf viene desencadenado por la obligación que tienen de realizar una serie de mejoras en su residencia Comuneros de Castilla (relativos a la seguridad y condiciones materiales del edificio)". Y subrayan que "estas deficiencias deberían haber estado resueltas en hace varios meses; y aunque se han habilitado prórrogas para la subsanación de las mismas al objeto de no enquistar el conflicto, los trabajos no han sido realizado". 

Recuerdan desde esta consejería que "la última de las prórrogas expira el 27 de junio y que desde la Inspección de Centros no se tiene constancia de la presentación documentación acreditativa de la adecuación de dicha residencia". 

Respecto a la crítica de Adislaf de que la DGA esté metiendo a chavales con discapacidad intelectual en plazas que sobran en residencias de mayores, aseguran fuentes de la consejería de Broto que "no es verdad" y que "alguna persona mayor de 65 años que solicita residencia aunque tenga discapacidad, y si lo pide en su PIA (Programa de Atención Individual, puede ir a centro de mayores". 

Sobre la crítica de que hay 202 personas con discapacidad esperando una plaza en una residencia, contesta la DGA que "las listas van en función de las tipologías y las necesidades y que dependen de los centros, el tipo de plazas, etc. Y han recordado que en esta legislatura, "se han incrementado las plazas concertadas en discapacidad en 500 aunque no todas son residenciales". Las plazas, apostillan, "se conciertan con las personas, no con las entidades". 

En cuanto al retraso en los pagos, le dicen al presidente de Adislaf que "las cantidades que mensualmente abona el Gobierno de Aragón para el pago de las plazas concertadas están al día. Así, en lo que llevan de año, dicen, que se han abonado a Adislaf 571.000 euros, y hay consignados más 204.000 más que están pendientes de fiscalización. A lo largo de 2022 se abonaron a Adislaf 2,5 millones de euros", inciden. 

Recuerdan también que a Adislaf se le ha dado un soporte económico  de 16,5 millones de euros desde el año 2015 y hasta 2022, dinero procedente de la concertación de plazas , las subvenciones del IASS, las del IRPF, el reparto de herencias y los fondos europeos. E insisten en que "de este dinero solo en plazas concertadas, Adislaf recibe cada año más de dos millones de euros, que comprenden residencias y centros de día ocupacionales". Y advierten de que "en un Estado de Derecho es exigible el cumplimiento de la legislación vigente".

Asimismo, desde el departamento de Economía y en lo que atañe al  INAEM en cuanto al fondo social para los Centros especiales de Empleo, han señalado que se ha agilizado el pago de las ayudas pendientes y está a punto de aprobarse una nueva ampliación del presupuesto del programa de subvenciones para dichos centros".  Añaden que "este año se ha simplificado la tramitación e incrementado las cuantías de estas ayudas, mejoras que han sido definidas de la mano del propio sector", dicen.