Ilusión

Hace ahora un año por estas mismas fechas afrontábamos ilusionados el comienzo de un nuevo año, un 2022 que por fin supusiera un punto y aparte. La pandemia remitía a ojos vista y, después de dos años muy duros, económicamente, pero, sobre todo, desde el punto de vista humanitario, la vacunación había avanzado a un ritmo tal, que solo se contemplaba un horizonte de levantamiento de las restricciones sanitarias.

La salud general de la población se veía menos amenazada y esta clara mejora de la situación sanitaria había motivado una recuperación económica, un rebote con unas tasas de crecimiento, en España y en el resto de los países, observado únicamente de forma excepcional. Aunque en el caso concreto de nuestro país la propia recuperación avanzaba más lentamente de lo previsto, el optimismo para encarar el futuro era un sentimiento ampliamente compartido por toda la sociedad española.

Incertidumbre

Y entonces se desencadenó con violencia la tensión bélica en Ucrania, donde combates de menor intensidad llevaban produciéndose casi una década. En febrero de este año, la invasión rusa a gran escala hizo emerger ya formalmente un conflicto armado entre los dos países, el primero en suelo europeo tras la desintegración de Yugoslavia.

Desde el estricto punto de vista económico, los efectos –que inevitablemente perduran, al menos mientras la realidad bélica persista– no se hicieron esperar. Las tensiones inflacionistas de fondo se aceleraron y, en lo referente a la factura energética especialmente, desencadenaron una espiral de alza en los precios, de costes para las empresas, desconocidas en cuarenta años. En el caso de los países económicamente más vulnerables, además, la invasión rusa y la consecuente disminución de los flujos en el comercio de cereales propiciaron un menor abastecimiento de alimentos, señaladamente en Estados fallidos como Etiopía.

La política económica –monetaria y fiscal–, que se había centrado en sostener los niveles de actividad antes y durante la pandemia, con una vocación claramente expansiva en ambos casos, se vio emboscada por una nueva crisis que guarda claros paralelismos con las recesiones de los años setenta del siglo pasado. En otras palabras: bancos centrales y gobiernos habían sido sorprendidos con el paso cambiado.

Aun así, dentro de un contexto lleno de dificultades geopolíticas y económicas, la economía española va a crecer en torno a un 4% en 2022. Por debajo de las expectativas y del consenso de previsiones publicado hace ahora un año, pero manteniendo un ritmo de crecimiento favorablemente inesperado cuando el conflicto armado dio inicio. El mercado laboral, tanto en España como en los países más cercanos, aguanta de momento el embate. En este punto, y también como gran motivo de alegría en Aragón, el sector exterior está teniendo un comportamiento sobresaliente. Para el conjunto de la economía española la recuperación ha seguido avanzando a pesar del contexto bélico, hecho que se constata en las cifras económicas del tercer trimestre del año recientemente publicadas.

No obstante, el impacto negativo que están experimentando ya las economías a consecuencia de la invasión rusa, puede conllevar la entrada en recesión de casi todas ellas –para muchos, técnicamente EE. UU. ya lo hizo–. No debe descartarse, como apuntan algunas previsiones, que la economía española se contraiga en el último trimestre del año, sobre todo, en función de lo que acontezca en Alemania, cuya dependencia energética e intensidad de uso por parte del sector fabril ha supuesto tradicionalmente una fortaleza, pero es una debilidad coyuntural en estos tiempos.

Así las cosas, la incertidumbre vuelve a ser protagonista destacada. Y ello, como bien sabemos, no favorece los procesos de toma de decisiones, ni para las familias y empresas, ni para las Administraciones. Desde 2020 y con el leve respiro que parecía permitirnos hace justamente un año, la incertidumbre, la volatilidad del contexto económico es una realidad a la que nos estamos acostumbrando y que exige redoblar esfuerzos (y cautela). Lo estamos percibiendo en el comportamiento de los agentes económicos y en el consumo de las familias.

Estos momentos, de condiciones extraordinarias para las generaciones presentes, nos recuerdan la facilidad con la que acontecimientos imprevistos (¿impensables o más bien desconocidos?) pueden someter a tensión a las democracias del bienestar. Lo comprobamos con una perturbación estrictamente económica, la crisis de 2008 pero, desafortunadamente, los últimos tres años están siendo un curso acelerado sobre cómo enfrentar desde la economía una realidad, en la que se producen catástrofes que creíamos olvidadas.

Esperanza

Sin embargo, en el caso de España, a pesar de todo, las previsiones para 2023 contienen claras notas para la esperanza.

De un lado, el consenso generalizado de estimaciones de crecimiento mantiene una tasa de alrededor del 1% para el año que viene, por el momento. Ciertamente se trata de una cifra modesta, pero que debemos poner en valor, en el contexto de incertidumbre motivado por crisis geopolíticas de primera magnitud.

Por otro lado, porque ninguna previsión pronostica que el desempleo vaya a crecer o que, en caso de hacerlo, vaya a hacerlo de forma sustantiva. La tasa de paro, en definitiva, es el mejor indicador del bienestar de las familias e indirectamente, de las empresas. No lo olvidemos, pues todas las empresas desean acrecentar su plantilla, signo de que la facturación también lo está haciendo.

Y finalmente, porque todo apunta a que, tras un 2022 con unos resultados un tanto dubitativos, en 2023 el despliegue de los fondos europeos –y del impulso para la continua modernización de la economía– va a tomar una velocidad aceptable. Se trata de una oportunidad casi comparable a la constitución de los Fondos europeos de Cohesión entre finales de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado. Debemos ser capaces de aprovechar una oportunidad casi única.

Dentro de este contexto, Aragón parte de una situación privilegiada en términos relativos. Seguimos siendo una de las comunidades autónomas con menor tasa de paro y mayor renta per cápita de España. Basta una lectura transversal a la prensa diaria para constatar que nuestra región mantiene su atractivo para la inversión empresarial. De hecho, a lo largo de los próximos meses se van a terminar de ejecutar proyectos de inversión de envergadura. No es menos importante el hecho de que el clima social e institucional, en términos generales, está muy alejado del ruido y el enfrentamiento permanente que caracteriza la vida política nacional y en algunos casos, también regional.

Creo que podemos confiar en que el largo año electoral que se avecina será tranquilo en Aragón. Una vocación pactista, fiel reflejo de la idiosincrasia aragonesa, es la mejor garantía de lo anterior.

Esta vocación de compromiso para llegar a acuerdos es precisamente lo que necesitamos en estos momentos. La contención de la inflación va a exigir sacrificios, que serán mucho más aceptables socialmente si se alcanza un verdadero pacto de rentas. Un pacto, en este punto, que debe comprender al mayor número posible de agentes, empresas y ciudadanos.

Las Administraciones, por su parte, deben ser capaces de comunicar a la ciudadanía su empeño en racionalizar el gasto público, eliminando cualquier partida superflua o de eficacia dudosa que sea identificada. Solo así el esfuerzo fiscal necesario para mantener los servicios sociales básicos, el Estado de bienestar, será también aceptado por una inmensa mayoría social.

Pero no se trata solo de contener la espiral precios-salarios, sino también de desarrollar reformas que aumenten la competitividad estructural de las economías española y aragonesa. Sean cuales sean los resultados electorales, esperemos que los gobiernos que se constituyan acierten. De ello solo resultará un bien común, porque los retos no son sencillos. Sirvan los tres siguientes como mera ilustración.

Retos

Por un lado, el envejecimiento demográfico se revela desde el punto de vista del acceso a los servicios públicos como un compromiso insoslayable hacia nuestros mayores. Para los jóvenes, la falta de ayudas públicas –como la educación gratuita desde los cero años– constituye una rémora evidenciada empíricamente para el despegue de la natalidad.

En segundo lugar, la inevitable consolidación fiscal que deberán afrontar las Administraciones más pronto que tarde, no es una tarea fácil, pero es necesaria. La crisis económica inducida por la pandemia ha suspendido las reglas fiscales que deberán ser reactivadas. No por el mero hecho de pertenecer a la Unión Económica y Monetaria ni por contar con el euro, sino porque el incremento insostenible de la deuda no es posible, y así lo hemos contemplado en el reciente caso británico. Y porque, concatenado con el problema del envejecimiento, la presión sobre el gasto público en servicios fundamentales está asegurado. Recientemente la OCDE ha constatado cuantitativamente este impacto, que no solo se va a dejar sentir en España.

Por último, la mejora en la competitividad empresarial, motor de crecimiento y prosperidad en cualquier sociedad desarrollada, debe ser un objetivo de primer orden. Especialmente en un contexto inflacionario, la aprobación de una senda de reformas estructurales que permitan mejorar el buen hacer de las empresas es una de las mejores maneras para encarar el futuro con esperanza. Porque es así como deseo concluir mi exposición.

Nada hacía aventurar hace ahora un año las nuevas tensiones a las que nos íbamos a enfrentar a lo largo de 2022. Pero tampoco creo que nadie hubiera vaticinado el resultado que, como sociedad, hemos conseguido doce meses después.

Nadie tampoco conoce qué cartas nos repartirá el futuro, pero de lo que sí seremos plenamente responsables es de cómo jugarlas. Feliz 2023.