Las gasistas avisan de que tardarán hasta un año en cambiar a la TUR a los millones de clientes que lo solicitan
Las compañías reguladas piden al Gobierno que habilite un modelo "más ágil" y permita a las empresas del mercado libre comercializar esta tarifa regulada.
Las trabas que se están encontrando los consumidores que quieren cambiarse a la tarifa regulada de gas (TUR) para esquivar la subida de precios se acentúan a medida que transcurren las jornadas y se aproxima el invierno con las duras condiciones meteorológicas asociadas al frío. El reloj corre en contra de los miles de hogares que están solicitando ese cambio de su tarifa anterior (alguna de las del mercado libre) a la regulada (limitada por el Gobierno), aunque las compañías del sector han advertido de la práctica imposibilidad de realizar esa gestión a tiempo. Los cuellos de botella, indican fuentes del sector, provocarán que se tardaría "prácticamente un año en cambiar a todos los clientes al mercado regulado" al ritmo actual de peticiones y de recursos puestos encima de la mesa por las empresas. Incluso multiplicando esa posibilidad de atención por cien veces, insisten en que no darían abasto.
Precisamente la activación de esos recursos tecnológicos, materiales y humanos por parte de las cuatro compañías que comercializan la tarifa regulada (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Total) generó numerosas quejas a principios de octubre, cuando el Ejecutivo aprobó la limitación de la subida de la TUR; la reducción del IVA en estas facturas hasta el 5%; y la ampliación de la tarifa a las comunidades de vecinos con calderas comunitarias de gas. Las firmas del sector explican que en estas semanas han ampliado todos sus canales de atención con "un gran esfuerzo". Pero no pueden absorber el ritmo de peticiones.
La avalancha de solicitudes ha derivado en más de 70.000 llamadas telefónicas a la semana, lo que supone "superar la capacidad de atención al cliente de la que disponen las cuatro compañías que ofrecen la TUR", con colapsos en su canal telefónico, el más utilizado para realizar este cambio de modalidad. Por poner en perspectiva esta coyuntura, hasta el año pasado se producían un millón de cambios entre comercializadoras de gas, y de todos ellos, unos 65.000 eran peticiones de traslado del mercado libre al regulado. Ahora, en siete días llegan a ser más de 70.000 solicitudes.
Las compañías asumen que más de 6,5 millones de clientes podrían intentar pasarse a la TUR antes de que llegue el frío con el objetivo de abaratar su factura energética. Si se repartieran proporcionalmente entre las cuatro compañías que pueden ofrecer la TUR, cada empresa debería absorber más de 1,6 millones de clientes en un periodo muy corto de tiempo, sumando cerca de siete millones en total.
Ante esta situación, las compañías están instando al Gobierno a "buscar un modelo más ágil" para ayudarles a mejorar el proceso y que todos los clientes que lo soliciten puedan pasarse al mercado regulado en poco tiempo. Entre sus propuestas, abogan por una automatización de los procesos, reduciendo las exigencias en la firma de contratos en el canal telefónico, o permitiendo a más compañías ofrecer la tarifa bonificada. Es decir, que las liberalizadas comercializadoras también puedan gestionar el cambio a la regulada de forma excepcional. "Si todas las compañías pudieran ofrecer la TUR se reduciría enormemente la presión", indican. En caso de no hacerlo, advierten, "serán muchas las compañías que acaben perdiendo sus clientes en mercado liberalizado como consecuencia de su alto a la TUR de la mano de una de las cuatro compañías autorizadas".
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) cuantifica en un millón el cambio anual de comercializadora en el sector del gas. Es decir, el sector en su conjunto (incluyendo las compañías reguladas y las liberalizadas) solo tendrían que multiplicar por siete sus recursos para absorber la gran masa de clientes en mercado libre. Esta posibilidad "es más asumible para las empresas" que, aunque tengan que incrementar sus equipos, no lo harían tanto como llegar a duplicar ese esfuerzo.
La situación de colapso es de tal calibre que Competencia abrió a finales de octubre un expediente informativo en torno a las dificultades y los retrasos que están encontrando los consumidores españoles para cambiar sus contratos de gas desde el mercado libre a la tarifa regulada.
Lo que está haciendo Competencia es solicitando información a las comercializadoras de referencia "para analizar cómo están atendiendo las solicitudes del cambio de tarifa", que se han multiplicado en las últimas semanas. Es decir, el organismo trata de verificar si la empresa está reforzando los canales de atención al cliente o los tiempos de espera, por ejemplo. Los sistemas de algunas de estas empresas se han colapsado durante alguna semana, lo que ha obligado a agilizarlos para atender todas las peticiones de sus clientes.
