El fraude aflorado por Inspección de Trabajo en Aragón supera los 30 millones en 2021
Las sanciones por infracciones suman 13,7 millones y otros 16,7 los expedientes liquidatorios a la Seguridad Social.
Con el reto de vigilar este año la temporalidad en los contratos y que se cumpla la reforma laboral recién aprobada, la Inspección de Trabajo en Aragón cerró 2021 con un incremento en las sanciones impuestas a las empresas por infracciones en las relaciones laborales. La liquidación a la Seguridad Social por el fraude aflorado aumentó hasta los 16,7 millones, según el director provincial de este organismo, Román García Oliver. Una cifra a la que hay que sumar 13,7 millones por sanciones impuestas frente a los 9,5 millones de 2020. "Son cuatro millones más", destacó.
Este incremento se produce en un año en que el total de expedientes tramitados por la Inspección de Trabajo en Aragón, 15.869, ha sido un 8% inferior al del 2020, explicó, debido al ataque informático que sufrieron en verano y que les impidió desarrollar plenamente su actividad. "Este año la previsión es volver a unos 18.000 expedientes de media», señaló.
"Lo que se paga por las infracciones ha subido el 20% desde finales del pasado año", recordó García Oliver advirtiendo de que cuando en marzo se ponga en marcha la reforma laboral lo que antes era una sanción de 751 euros de mínimo y 7.500 de máximo por un contrato mal hecho pasará a ser de 1.000 y 10.000 euros respectivamente y se aplicará a cada contrato ya que antes si había cinco contratos con irregularidades se imponía una única sanción pero ahora la norma establece una por cada contrato.
Asimismo, destacó que se han investigado 361 accidentes (de ellos 156 graves y mortales) con el resultado de 170 recargos de prestaciones en incapacidades temporales por incumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral. El director territorial de la Inspección de Trabajo en Aragón puso en valor el dato de que se han conseguido transformar 5.327 contratados temporales en indefinidos en 2021 frente a los 3.281 del año anterior.
Contratos transformados
Eso sí, especificó García Oliver, 2.449 de estos contratos transformados han sido gracias a las visitas cursadas por los inspectores -se han multiplicado por cinco al pasar de las 173 de 2020 a las 866 del pasado año- a las empresas en Aragón. Y el resto, 2.878 contratos convertidos a indefinidos (hasta octubre de 2021) son fruto del plan de choque estatal puesto en marcha por el Gobierno central que invitaba a las empresas a corregir irregularidades en los contratos bien por superar encadenamientos de 18 a 24 meses en el caso de los eventuales o irse a más de tres años en contratos de obra y servicio.
"Cuando la reforma laboral empiece a aplicarse a partir del 30 de marzo, los contratos eventuales tendrán un máximo de 12 a 18 meses de duración y si superan ese plazo por ley pasarán a ser indefinidos", advirtió. "Otro gran reto van a ser los fijos discontinuos. Si esta fórmula se va a emplear en contratas y subcontratas de construcción, comedores escolares, campañas de comercio, etc. Es todavía una incógnita", admitió. Asimismo, "tendremos que estar vigilantes para que se cumpla la subida del salario mínimo: en muchos sectores como el del campo y el servicio doméstico ya les costó asumir la subida hasta los 900 euros y ahora ocurrirá igual con los 1.000 euros. Habrá conflicto", anticipó.
Asimismo, la reforma laboral, apuntó García Oliver, hará necesario revisar muchos convenios de empresa ya que con la nueva ley, comentó, desaparece del ámbito de la preferencia de estos acuerdos la cuantía del salario base y de los complementos salariales, lo que permitía hasta ahora la competencia salarial a la baja entre empresas de un mismo sector.
