El pleno del Congreso de los Diputados ha acordado este jueves obligar a Aena a bajar los alquileres que cobra a tiendas y restaurantes en los aeropuertos, lo que supondrá una merma en los ingresos del gestor aeroportuario de entre 1.200 y 2.000 millones de euros en cinco años.

La propuesta de bajar los alquileres de Aena fue presentada por Coalición Canaria durante la tramitación del Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en el Senado y a su regreso al Congreso ha contado con 178 votos a favor; 16 en contra, y 152 abstenciones.

Se trata del segundo gran revés parlamentario para el Gobierno, después de que hace un año el PSOE y Unidas Podemos se quedaran solas en defensa del decreto de los remanentes municipales y una mayoría de 16 formaciones políticas, con casi 200 votos, se lo derogó.

La enmienda modifica los contratos de arrendamiento o de cesión de local de negocio para actividades de restauración o de comercio minorista en los aeropuertos y fija, entre otros, que, a partir del día 21 de junio de 2021, la Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) fijada quedará automáticamente reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros respecto al que existió en 2019.

Esta reducción será aplicable en 2020, así como en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al que existió antes de la pandemia.

La propuesta de Aena fue, para el primer estado de alarma (entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020), una reducción del 100 % en la renta mínima garantizada y del 50 % en los meses siguientes hasta septiembre de 2021, lo que significa una rebaja en 2020 y 2021 de la RMGA por 800 millones de euros.

Prácticamente todos los grupos parlamentarios han coincidido en señalar que la solución a este conflicto debía haber venido por el acuerdo y han criticado la incapacidad de Aena de negociar.

El Grupo Vasco considera que nos parece adecuado reclamar a los usuarios arrendatarios de los aeropuertos una actitud diferente a la que se está exigiendo como poder público y desde el Estado a los particulares, precisamente también con relación a los arrendamientos de locales de negocio, para que adaptaran sus contratos a las circunstancias de la covid-19.

El Grupo Mixto ha destacado que más del 70 % de las concesionarias en los aeropuertos son pequeñas y medianas empresas y las consecuencias de la pandemia han sido durísimas en todos los sectores, pero especialmente en la actividad aeroportuaria.

"En Aena, hay una especie de suficiencia, de pasotismo sobre lo que se plantee desde cualquier sector, una especia de sentimiento de superioridad sobre el resto de los humanos que se traslada en que ha sido imposible una negociación sobre este asunto para tratar de establecer bases elementales que permitan la supervivencia de la gente", ha lamentado el diputado Pedro Quevedo.

El diputado Juan Ignacio López-Bas de Ciudadanos (Cs) ha recordado que la gran mayoría de restaurante y locales comerciales han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de las medidas sanitarias adoptadas para frenar la covid-19, que también han afectado la movilidad entre países, provocando un desplome del tráfico de pasajeros y, a partir de ahí, los comercios y servicios de restauración en los aeropuertos españoles hayan sufrido doblemente estas medidas.

A su juicio, Aena parece ajena a esta situación, por lo que "tenemos, desde las cortes, que revertirla cuanto antes, para que se adopten medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria y evitar el riesgo de que entre 12.000 y 15.000 españoles se vayan a la cola del paro porque las empresas concesionarias tengan que verse obligadas a cerrar".

Según el Grupo Plural, la cotización Aena, desde la pandemia, no ha bajado de los 97 euros, por lo que su cuenta de resultados "debe poder soportar esta situación que, si no, se va a llevar por delante a muchísimas empresa, multinacionales y pymes".

Para Unidas Podemos, el criterio es muy sencillo: si no puedo realizar la actividad o esta queda mermada, no se puede cumplir el objeto del contrato y, por tanto, no debería ser exigible la totalidad de pago del alquiler.

Sus diputados se abstuvieron "no porque están en contra del contenido, sino porque hubiéramos preferido que esto hubiera sido fruto de un acuerdo".

Para el PP, "ajustar la renta mínima al flujo de pasajeros es algo justo, razonable, equilibrado y legal y además de interés general, y lo dice la jurisprudencia".

Desde el grupo no entienden por qué se ha negado Aena a tener un grupo de trabajo que definiera una medida coyuntural que pudiera paliar esa situación hasta que se alcanzase este flujo de pasajeros de 2019.

Según el PSOE , la enmienda carece de garantías jurídicas y, además, no tiene nada que ver con el objeto de la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que entre otros temas trata sobre la morosidad en el transporte de mercancías por carretera y el régimen sancionador en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

Esta enmienda resulta "un claro menoscabo para una empresa estratégica que tiene mayoritariamente capital público", señalan desde el Grupo Socialista, que considera que modificar unilateralmente las condiciones de los contratos va en contra de legislación vigente y de la reciente sentencia del Tribunal Superior.

A su juicio, "resulta contradictorio que quienes se dicen liberales propongan medidas de carácter ultrainterventista, además de que estas medidas generarán inseguridad jurídica en el mercado español".