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Sucursales móviles o pagar por tener una, ¿opciones para los más de 400 municipios de Aragón sin oficina bancaria?

Por el momento, en la Comunidad aragonesa, aunque se está empezando a valorar las oficinas itinerantes, no se ha puesto en marcha ningún servicio de este tipo y un 4,3% de la población no tiene acceso a estos servicios.

En algunas poblaciones aragonesas, sacar dinero es impensable, pues no tienen cajero.
En algunas poblaciones aragonesas, sacar dinero es impensable, pues no tienen cajero.
Heraldo.es

Al menos 413 localidades de Aragón no tienen oficina bancaria, lo que supone que el 4,3% de la población aragonesa no cuenta con este servicio. Así lo demuestra el estudio Cierre de oficinas bancarias y acceso al efectivo en España, realizado por Concha Jiménez, directora general de Efectivo y Sucursales en el Banco de España (BDE), y por Helena Tejero, directora del departamento de Emisión y Caja del BDE. Y es que desde 2008, 723 sucursales han cerrado en la Comunidad aragonesa (a fecha de finales de 2017), concretamente un 40,2% de las oficinas, quedando, a principios de 2018, 1.077 repartidas a lo largo de la región.

La provincia de Zaragoza ha sido la que más ha sufrido la clausura de oficinas, tanto en términos porcentuales como absolutos, desde 2008. Un 46% bajaron la persiana o lo que es lo mismo 555 oficinas cerraron, quedando 651 sucursales. Ahora, 154 municipios zaragozanos no cuentan con este servicio, es decir, el 52,6% de las 293 localidades zaragozanas. En la provincia oscense, el cierre ha sido del 33%, hasta las 240 oficinas que quedan en la actualidad, un número que supone que 114 pueblos (un 56,4% del total) no tengan una oficina en su territorio. Teruel, aunque en menor medida, también se ha visto afectada y tras la clausura de 50 sucursales, el 21% de las existentes en 2008, la provincia cuenta con 186 oficinas, y, por tanto, 145 poblaciones se quedan sin servicio, un 61,4% de los municipios.

Bien es cierto que el número de habitantes afectados por no contar con este servicio es mayor en Teruel y Huesca, ya que un 10,3% y un 9,9% de los vecinos de dichos territorios, respectivamente, no tienen una oficina en su población; frente al 2,2% en Zaragoza. Eso sí, el estudio calcula que cada millón de habitantes hay 1.372 oficinas en Teruel, 1.092 en Huesca y 683 en Zaragoza, siendo la turolense la que tiene la cuota más alta de España.

Oficinas itinerantes o pagar por tener una

Esta clausura de oficinas motivada, además de por la concentración del sector, por la despoblación ha provocado nuevas formas de acceder a este servicio, que todavía resulta imprescindible porque el 87% de las transacciones en España se realizan en efectivo, lo que en términos de importe supone un 68% del total, según el Banco de España. A la banca online, que, según alegan desde las entidades, ha permitido contrarrestar los efectos del cierre de sucursales, aunque, como anotan desde el estudio, “el uso de las facilidades online entraña cierta dificultad para determinados segmentos de la población, en particular las personas de avanzada edad, residentes en zonas rurales”, se han unido otras fórmulas. Es el caso de las oficinas itinerantes, el pagar por tener este servicio o disponer de personal bancario que se desplaza.

Bankia, entre otras entidades, ha puesto en marcha un servicio de autobús, que actúa de oficina móvil, permitiendo a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones habituales de una oficina entre las que se encuentran la retirada de efectivo, ingresos, pago de recibos o impuestos. Este servicio, que ya presta servicio en algunas comunidades, como Castilla y León (1.178 municipios sin oficina), Castilla-La Mancha (470 localidades sin servicio), Comunidad Valenciana (228, sin sucursal) y Andalucía (130 poblaciones sin banco), La Rioja (87) y Comunidad de Madrid (64), todavía no se encuentra en Aragón. Eso sí, aunque desde esta entidad se descarta el ampliar el servicio de ofibus, como denominan a esta oficina itinerante, pues “es un servicio que se presta en estas seis comunidades autónomas que son territorios de las cajas de origen que dieron lugar a Bankia”, desde otras entidades no lo eliminan de sus planes. Es el caso de Ibercaja que, según explican, “se valorará dependiendo de cómo evolucione el sector”.

En las últimas semanas también ha surgido una nueva fórmula: la de pagar por tener el servicio bancario. Según informan los medios locales, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, un municipio gaditano de menos de 500 habitantes, llegó en julio a un acuerdo con la multinacional Cardtronics para que el pueblo pueda seguir disfrutando de efectivo. Concretamente, el convenio establece que si el cajero automático no llega a un determinado volumen de negocio, el municipio pagará la diferencia para que la instalación y mantenimiento del mismo resulte rentable para la empresa. Y es que la baja rentabilidad de estos cajeros, que se sitúan en las zonas menos pobladas, es algo que “preocupa” a las entidades, aunque según aseveran, desde Caja Rural, “estar en el territorio y en el medio rural es imprescindible para dar un servicio cercano y acorde con las personas que viven en él, donde la banca electrónica, en ocasiones no es una solución no solo por la brecha generacional sino por el malo o nulo acceso a internet de la población”.

Así que, aunque en un futuro no se descartan estas fórmulas, las entidades presentes mayoritariamente en el mundo rural aragonés han optado por continuar con el mismo modelo de oficina, pero con personal itinerante, es decir, mantienen las oficinas abiertas algunos días a la semana y es el personal bancario el que se traslada hasta estas en diferentes horarios para dar servicio a diferentes poblaciones.

 

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