Este 1 de abril, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica aprobada por el gobierno de España en octubre del año pasado llegará a su fin. La apuesta por contener el precio de la luz era coyuntural desde el principio, una medida transitoria hasta que se pudiera abordar una reforma estructural del sector; ahora la factura subirá en aproximadamente 1,5 euros al mes para el usuario medio residencial. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha declarado que mantener esa suspensión hasta más allá de las elecciones generales del 28 de abril sería electoralista. Ese gravamen afectaba a las centrales de ciclo combinado, y aludía a la generación eléctrica por las emisiones de CO2 del gas natural en la producción de electricidad. Curiosamente, hace siete años también subió la luz el 1 de abril.

Refacturación de 2013

Por otro lado, se ha anunciado una refacturación que afecta a todos los consumidores y que deriva de una medida adoptada en 2013. En ese año se aprobó ley 24/2013 del Sector Eléctrico, donde decía que en caso de que las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter autonómico, al peaje de acceso se le sumaría un suplemento territorial a abonar por los consumidores de la comunidad autónoma que los creara. Las compañías eléctricas han pagado estos impuestos, de variada naturaleza; cánones eólicos, impuestos por emisiones, por residuos… pero elevaron una reclamación por este concepto y el Supremo les dio la razón el año pasado; lo que ahora pagarán los consumidores son los impuestos que esas compañías eléctricas hayan pagado en cada comunidad durante el ejercicio fiscal de 2013. En el País Vasco, Canarias y Baleares no había impuestos de este tipo cuando se ejecutó la ley, por lo que no se aplicará la refacturación en dichas Comunidades Autónomas. En el cálculo se incluyen los intereses generados, unos 2.5 millones de euros. La refacturación supondrá un pago único de 3,36 euros a los consumidores aragoneses, cargo generado tras el cálculo de una factura media anual de 600 euros. Como la media real anual de la factura eléctrica es algo mayor, pues ronda los 750 euros, la tasa en el caso aragonés podría subir alrededor de un euro más de esos 3,36.