Mucho se habla últimamente de la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería. Tanto que en los último años se ha convertido en un asunto que centra el debate político y científico, en el que se señala la actual producción de alimentos como uno de los principales contribuyentes a la degradación del medio ambiente (por su contaminación de aguas, sus emisiones de gases de efecto invernadero...). Pero en estos debates, y como ya señalaba la OCDE, también se insiste en que la agricultura es una actividad multifuncional que no solo proporciona productos, sino que también aporta (con determinadas prácticas agrarias) otras funciones como la viabilidad socioeconómica de las zonas rurales, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y también beneficios ambientales. Estos últimos son los que se conocen como servicios de los ecosistemas, entre los que se esconden, por ejemplo, la prevención de incendios el secuestro de carbono de los suelos o el mantenimiento de especies silvestres, entre otros. El problema es que estos servicios, considerados de carácter público, no tienen cuantificación en los mercados convencionales, poco adecuados para su gestión, y por lo tanto ni agricultores ni ganaderos disponen de incentivos para proporcionarlos.

Hasta ahora. Los investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Tamara Rodríguez y Alberto Bernués, y la investigadora de la Universidad de Zaragoza, Ana María Olaizola, han desarrollado un innovador sistema de pagos que permite reconocer económicamente a los profesionales del sector primario su contribución objetiva a la provisión de servicios ambientales a la sociedad.

«Este novedoso sistema de pagos por servicios de los ecosistemas está basado en evidencias científicas, es completamente operativo y fácil de usar a través de una hoja de cálculo», señalan los investigadores, que han publicado los resultados aplicados a la agricultura y ganadería mediterránea en la revista científica Ecosystem Services.

«Su diseño es genérico y por tanto adaptable a diferentes sistemas agrarios y objetivos ambientales», explican los impulsores de este sistema, que ha contado además con las opiniones de los diferentes agentes sociales implicados en el desarrollo sostenible de la actividad agraria.

Legitimar la PAC

En este sistema de pagos, los investigadores cuantifican los beneficios de las distintas prácticas agrarias de las explotaciones sobre el paisaje, la biodiversidad, la prevención de incendios forestales, la captura de carbono, y la provisión de alimentos de calidad. Tras este estudio y en una segunda fase se ha aplicado el presupuesto disponible a dichas prácticas agrarias teniendo en cuenta la política establecida. Sus impulsores explican que, por ejemplo, «en explotaciones de ovino y mixtas ovino-cultivos de Aragón, el sistema reveló que el pastoreo adaptado a la capacidad de carga del ecosistema y la gestión de la vegetación semi-natural son fundamentales para la prevención de incendios forestales, entre otros servicios ambientales».

Con esta innovación, «completamente operativa y fácil de usar a través de una hoja de cálculo», el CITA y la Universidad de Zaragoza no solo quieren poner precio a los servicios ambientales que presta el sector agrario, sino que este sistema se convierta en una herramienta cuya incorporación contribuiría a aumentar la legitimidad de la futura PAC, siguiendo ese criterio de asignar «dinero público para servicios públicos», destacan ambos organismos.