La economía se frena en un año de presupuestos tardíos y cambio de Gobierno

Después de tres años creciendo por encima del 3%, la economía española ha comenzado a desacelerarse en 2018, año de presupuestos tardíos tramitados en medio de la constitución de un nuevo Gobierno que está dando un giro a la política fiscal.

La economía se ha ido ralentizando a lo largo del año, con avances trimestrales del 0,6% en los tres primeros trimestres del año debido a la peor evolución del sector exterior, en tanto que la demanda interna ha seguido siendo la base del crecimiento y el empleo ha mantenido el dinamismo.

La fortaleza del consumo, el repunte de la inversión y la recuperación de la construcción residencial han sostenido el avance de la economía, frente al deterioro del mercado exterior.

Esta situación ha llevado a que después del verano entidades nacionales e internacionales revisaran a la baja su previsión de crecimiento para este año, al 2,6% en el caso del Gobierno, el Banco de España, la Comisión Europea y la OCDE, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) la ha recortado una décima adicional, hasta el 2,5%.

Los analistas coinciden en que estas previsiones tienen un sesgo a la baja que pasa en el ámbito externo por un posible aumento del proteccionismo, por el resultado del 'brexit' y por las eventuales consecuencias del desafío de Italia a las reglas fiscales europeas.

En el ámbito nacional, el riesgo estaría en un hipotético repunte de la crisis soberanista en Cataluña y en la incertidumbre asociada a la elevada fragmentación parlamentaria que impide sacar adelante reformas económicas.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya contaba con esta dificultad, que se ha agravado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que gobierna en minoría y de momento no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos de 2019, ni para aprobar una senda de corrección del déficit público más flexible a la vigente.

El triunfo de su moción de censura llevó a Sánchez a formar Gobierno en junio cuando los presupuestos del PP todavía tenían que pasar el trámite en el Senado.

Estas cuentas, hechas con la meta de bajar el déficit al 2,2% del PIB, recogían rebajas en el IRPF y en el IVA aplicable al cine, una subida salarial para los empleados públicos del 1,75%, un incremento general de las pensiones del 1,6% (3% para las mínimas), el aumento de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad y la equiparación salarial para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tras llegar al poder, el Gobierno socialista consideró que con los Presupuestos heredados no era posible alcanzar el objetivo de déficit comprometido para 2018 y acordó con Bruselas una desviación de cinco décimas al alza, hasta el 2,7 % del PIB.

Además, propuso una nueva senda fiscal para el trienio 2019-2021 que fue rechazada en julio por el Congreso, dado que los partidos que le apoyaron en la moción de censura no querían votar a favor de unos objetivos que el Senado -con mayoría absoluta del PP- tenía la capacidad de vetar.

De ahí surgió después el acuerdo con Unidos Podemos, ERC y Compromís para quitar a la Cámara Alta su prerrogativa de veto a la senda de déficit a través de una proposición de Ley cuya tramitación siguen bloqueando PP y Ciudadanos en el Congreso.

En octubre, Gobierno y Podemos pactaron un acuerdo presupuestario para 2019 con el espíritu de subir los impuestos a quienes más ganan y comprometer un mayor gasto social, con medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, la ampliación progresiva del permiso de paternidad, la eliminación del copago farmacéutico o la subida del salario mínimo a 900 euros, entre otras.

Para aumentar la recaudación, acordaron una subida del IRPF para rentas a partir de 130.000 euros, el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades (18% para bancos y petroleras) y el incremento al 1% del impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones.

La concreción de estas medidas está en el aire, como los Presupuestos, salvo la subida del salario mínimo, que se aprobará por decreto en el último Consejo de Ministros del año, como suele ser habitual.

Además, ya están aprobadas por el Gobierno y a la espera de iniciar la tramitación parlamentaria las tres leyes que regulan el nuevo impuesto sobre servicios digitales, el de las transacciones financieras y las medidas para reforzar la lucha contra el fraude.