Con el debate sobre el gasto público siempre en el aire, las prestaciones de viudedad han llegado al primer plano de actualidad de la mano de la OCDE. El organismo constata en un informe hecho público esta semana el elevado coste que suponen en España en relación al PIB. Propone, a título general, que se limiten en parte a quienes se encuentren dentro de la edad de jubilación (más de 65 años en nuestro país). Esto dejaría en el aire las pensiones de jubilación de 365.474 personas en España, 10.303 de ellas en Aragón, y supondría un ahorro a las cuentas públicas de unos 3.000 millones de euros al año.

En lo que respecta a España, el dato más llamativo del informe de la OCDE (‘Pensions Outlook’) es que ningún otro país tiene tantas pensiones de viudedad en relación con las de jubilación: 4,7 por cada 10, cuando la media en los 35 territorios analizados es de 2,2 por cada 10. Esto es resultado de una serie de variables que facilitan el cobro en España: no hay edad mínima para percibirla, incluye a las parejas de hecho, se cobra en casos de divorcio bajo determinados supuestos e incluso puede seguir percibiéndose si el beneficiario se casa con una tercera persona.

Hay que recordar asimismo que la percepción por viudedad en España es compatible con cualquier renta del trabajo: no hay límites de ingresos en relación con estas actividades, ni minoran la pensión. También se puede recibir con otras pensiones, como la de jubilación o la de incapacidad permanente, siempre que no se exceda la pensión máxima, que ronda los 2.500 euros al mes.

España va a gastar este año en pensiones de viudedad casi 18.400 millones de euros. En relación con el PIB, solo Grecia e Italia están por delante: aquí suponen un 2,6% del producto interior bruto, frente al 2,3% en España.

En el mencionado estudio de la OCDE, el cuestionamiento aparece en un capítulo de título elocuente: ‘¿Son las pensiones de supervivencia aún necesarias?’ (las de supervivencia incluyen también las de orfandad, aunque estas solo suponen un 10%).

El organismo recuerda que las pensiones de supervivencia se popularizaron el siglo pasado, con la expansión del Estado del bienestar y dentro de un esquema familiar que solía tener al varón como única fuente de ingresos. Esta circunstancia llevaba en muchos casos a las viudas a situaciones de pobreza, algo que los Estados trataron de combatir. Ahora la situación ha cambiado, ya que por un lado la mujer se ha incorporado al mercado laboral y, por el otro, hay más instrumentos para mitigar la pobreza. 

“Solo en Luxemburgo y en España el gasto en prestaciones de supervivencia ha aumentado con mayor intensidad que las pensiones de jubilación. Luxemburgo amplió la cobertura a los matrimonios del mismo sexo y España, a las parejas de hecho”, refleja el informe.

Entre las fórmulas que aporta para adaptar la situación a la realidad actual, la OCDE propone que las pensiones de viudedad solo se cobren de forma permanente a partir de la edad de jubilación; por debajo de este umbral (65 años en España), la prestación debería ser temporal, hasta que el cónyuge pueda “adaptarse a la nueva situación”. Hay que recordar que en nuestro país no existe edad mínima para cobrar esta prestación, como sí sucede en muchas partes, como Francia (55/60), Alemania (45,5) o Portugal (35). Este mecanismo tiene por objetivo que las pensiones no generen un desincentivo para acceder al mercado de trabajo, algo particularmente importante en España.

De aplicarse los postulados de la OCDE, estarían en riesgo las prestaciones de viudedad de 360.334 beneficiarios en España (la gran mayoría, mujeres), de los que 10.303 son aragoneses, según los datos que constan en la Seguridad Social. En el caso de los preceptores de nuestra comunidad, la pensión media es de 710 euros, aunque el importe es mayor entre los menores de 65 años: 750 euros al mes. A nivel nacional, la pensión media es de 680 euros, y de 733 euros para los que aún no han llegado a la edad de jubilación.

Con estos datos se puede estimar el ahorro potencial para el Estado si se suprimen las pensiones de viudedad a menores de 65 años: 3.129 millones de euros al año, de los que 96 millones provendrían de Aragón.

En la actualidad, y como norma general, la percepción por el fallecimiento del cónyuge suponen el 52% de la base reguladora, un porcentaje que se eleva al 70% si se combinan tres supuestos: que el preceptor tenga cargas familiares, que la pensión sea la principal o única fuente de ingresos y que los rendimientos anuales del pensionista no superen los 17.460 euros. Este año el Gobierno ha elevado el mínimo hasta el 56% -en línea con lo recogido en la reforma de las pensiones de 2011- en una primera fase y al 60% en una segunda para casos especiales: las personas con 65 años o más sin otra pensión pública y que no trabajen por cuenta ajena o propia.