Economía
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Hacienda interviene en Aragón cinco comercios mayoristas de frutas por presunto fraude fiscal

La macrooperación de la Agencia Tributaria, denominada Carpo, supone la entrada en 75 mercados de 13 comunidades autónomas y el inicio de inspecciones a 62 sociedades y 18 personas físicas vinculadas a ellas. Las investigaciones apuntan a la utilización de un ‘software’ para ocultar ventas.

Imagen cedida por la Agencia Tributaria de las intervenciones realizadas en mercados de frutas y hortalizas de 13 comunidades autónomas
Imagen cedida por la Agencia Tributaria de las intervenciones realizadas en mercados de frutas y hortalizas de 13 comunidades autónomas
Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha lanzado este jueves una gran operación contra el fraude fiscal a escala nacional en el sector del comercio mayorista de frutas y hortalizas, denominada Carpo, y que está suponiendo a lo largo de la jornada de hoy la entrada a un total de 75 locales distribuidos en 13 comunidades autónomas. De todos ellos, cinco locales se encuentran situados en Aragón. Además se ha iniciado la inspección a 80 contribuyentes de toda España –62 sociedades y 18 personas físicas socios y administradores de las sociedades investigadas– vinculados con estos locales y que en su mayoría se encuentran en mercados centrales, según ha explicado la Agencia Tributaria en un comunicado.

Para ello la AEAT ha requerido un dispositivo de más de 430 funcionarios de la Agencia, así como apoyo policial para realizar con seguridad las entradas, que en el País Vasco y Navarra cuentan con la acción coordinada de las haciendas locales.

Las actuaciones han comenzado a primera hora de la mañana cuando las Unidades de Auditoría Informática (UAI) de la Inspección Tributaria se han personado en los locales de las sociedades investigadas con el fin de acceder directamente a su documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información y los datáfonos utilizados, han explicado desde Hacienda.

La intervención se ha realizado a tenor de los indicios con los que contaban los investigadores de la Agencia Tributaria, indicios que apuntaban a la utilización en las sociedades afectadas por la operación Carpo de programas informáticos que facilitaban la ocultación de parte de las ventas, unos sotfware “cuya finalidad última es la manipulación de las ventas reales, suprimiendo la totalidad del importe de una transacción o modificando su importe”, ha destacado la Agencia.

El dispositivo desplegado por la AEAT afecta a locales situados en Andalucía (11), Aragón (5), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla y León (3), Extremadura (2), Galicia (11), Madrid (14), Murcia (3), La Rioja (1) y Comunidad Valenciana (15).

Cobros desproporcionados

Hay un antecedente para esta operación Carpo, han señalado fuentes de la Agencia Tributaria. Se referían a la denominada operación White, que se desarrolló en en febrero de 2016 en locales de venta de pescado de Mercabarna, en Barcelona. Aquellas inspecciones provocaron un efecto inducido inmediato, de manera que importes ingresados por los contribuyentes inspeccionados crecieron un 37%, mientras que otras sociedades dedicadas al comercio al por mayor de pescado y con presencia en el mismo mercado central, pero que no habían sido objeto del operativo, llegaron incluso a un incremento de importes ingresados del 62%.

En las investigaciones previas que han llevado a las actuaciones desarrolladas este jueves, el análisis de las sociedades afectadas puso de manifiesto que presentan una proporción de cobros en efectivo muy superior a la media del sector mayorista de fruta, y que, en algunos casos, supera el 80% del total de las ventas. Según Hacienda, la utilización de esta forma de cobro facilita la ocultación de las ventas reales, dada la dificultad de seguimiento del dinero en efectivo.

Al mismo tiempo, los investigadores detectaron que los márgenes de explotación en estas sociedades eran significativamente inferiores a lo normal en el sector, presentando en algunos casos, incluso resultados negativos permanentes a lo largo de varios ejercicios. Otros indicios de capacidad económica observados en los administradores, autorizados en cuenta o socios de estas empresas, incompatibles con las rentas declaradas por estas personas físicas, influyeron también decisivamente en la selección de los objetivos a comprobar, han señalado estas mismas fuentes.

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