Apenas cuatro días antes de que el Parlamento de Cataluña pueda aprobar la declaración unilateral de independencia los dos grandes bancos más arraigados históricamente a ese territorio han decidido trasladar sus sedes sociales a otras comunidades. La incertidumbre generada ante el proceso soberanista ha calado tanto en Banco Sabadell y Caixabank que les ha llevado a desligarse de sus domicilios, porque están en juego los ahorros de millones de clientes, la seguridad jurídica y el futuro de un negocio muy sensible a este conflicto político.

Caixabank celebra hoy un consejo para cambiar la sede social, según fuentes periodísticas. La entidad analiza el cambio a Baleares, la comunidad de origen de la antigua caja de ahorros.

La aseguradora Catalana Occidente tampoco descartó ayer un cambio en su domicilio social al afirmar en un comunicado que tomarán «todas las medidas necesarias para garantizar que su actividad pueda desarrollarse con normalidad, en un marco estable y en un entorno de seguridad jurídica y económica».

Con este cambio, la incipiente mecha encendida en los últimos meses –y sobre todo días– por compañías de otros sectores –y mucho más pequeñas– se ve impulsada por dos gigantes del entramado empresarial de Cataluña; dos símbolos corporativos de esa comunidad, que ven con miedo la deriva soberanista contraria a sus intereses económicos.

El consejo de administración del Sabadell aprobó este jueves el cambio en el domicilio societario, que se traslada desde Sabadell (Barcelona) a Alicante. La decisión llega después de jornadas en las que se habían registrado movimientos en los depósitos, pero sobre todo tras el auge de demanda de información solicitada por los clientes, preocupados por el futuro de sus ahorros. El grupo, presidido por Josep Oliú, admite que adopta la decisión «para proteger los intereses de clientes, accionistas y empleados».

El cambio no resulta baladí. Alicante es la ciudad donde se encontraba la sede de CAM, la entidad adquirida por el Sabadell a finales de 2011 en medio de la crisis, y que ya se encuentra plenamente integrada en su red y estructuras. De hecho, el grupo tiene en esa ciudad levantina uno de sus principales centros corporativos, gran parte de sus capacidades tecnológicas y, sobre todo, «una fuerte presencia y vinculación», afirman en el banco.

Esta decisión estratégica conlleva unas consecuencias relevantes sobre todo ante los intereses de la Generalitat y los partidos independentistas, que ven cómo se les cae uno de los pilares básicos para el sostenimiento de su causa al trasladarse la imagen de distanciamiento al camino que ha tomado el proceso catalán estos últimos días. La banca siempre había advertido de que velarían por salvaguardar el interés de sus clientes e instaban al diálogo para evitar un choque de trenes que al final ha llegado.

Un banco público

El daño provocado por esta medida es tal que la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, se mostró partidaria de que la Generalitat y los ciudadanos catalanes «dejen de trabajar» con Sabadell y Caixabank, así como con el BBVA –que absorbió Caixa Catalunya– y que apuesten por un banco público o por cooperativas de crédito.

Sin embargo, el grupo del Sabadell no tiene por qué acusar un desgaste excesivo por esta decisión, ya que cuenta con una cuota de mercado en Cataluña del 15%, mientras que el 85% restante se encuentra distribuida en el resto de comunidades, como la Comunidad Valenciana, otra de sus plazas fuertes. En Cataluña, además, tiene 577 oficinas en sus cuatro provincias.

El traslado conlleva una serie de efectos jurídicos, pero no operativos. Es decir, en la sede central del grupo en Cataluña mantendrá su actividad habitual, con los grandes departamentos centralizados independiente de que el domicilio societario se ubique en otra ciudad. Además, Sabadell garantiza que no habrá traslado de empleados.

Lo que propuso el consejo de administración de la entidad fue una medida preventiva, ya que ni se ha aprobado todavía la declaración unilateral de independencia, ni los inversores esperan que ninguna ley española relacionada con el sector financiero y económico deje de estar en vigor en Cataluña a corto plazo. Eso sí, llegados a un caso extremo de vulneración de la normativa actual, este cambio de domicilio garantizará que el Banco Sabadell siga estando bajo el paraguas de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), el organismo que garantiza las líneas de liquidez necesarias para que la entidad pueda hacer frente a las peticiones de sus clientes.

Además, existe otra variable relevante de la que se beneficiará la ciudad receptora de la sede social, Alicante, frente a la que deja de serlo desde este jueves. Es la relativa a las obligaciones tributarias.