España y Francia reclamarán una indemnización a ACS y Eiffage por la quiebra de su empresa conjunta TP Ferro, que gestionaba la conexión ferroviaria de Alta Velocidad (Ave) entre Figueres (Gerona, Cataluña) y Perpiñán (Francia), y que tuvo que ser rescatada por los Gobiernos de ambos países en diciembre de 2016.

España y Francia firmaron el pasado 19 de diciembre en París el convenio para la explotación y mantenimiento de dicho tramo del AVE durante cuatro años, prorrogables por un período de dos más.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna ha destacado, tras una reunión con la ministra francesa de Transportes, Elisabeth Borne, "la magnífica disposición" del Gobierno del país vecino "en dar solución" en la conexión entre Figueres y Perpiñán", que ha permitido que una situación asociada a la empresa que estaba gestionando esta infraestructura "no se haya traducido en un problema hacia el usuario".

El ministro ha agradecido a la Administración gala haber sido "ágil y muy colaboradora", lo que ha permitido que, "en estos momentos de lo que estemos hablando, es de cuál va a ser la reclamación que los dos países hagamos a la empresa en concepto de indemnización por la situación generada".

De la Serna ha explicado que no es un asunto sencillo, ya que hay varios procedimientos arbitrales en lo que tiene que ver con TP Ferro,- empresa ferroviaria hispanofrancesa integrada al 50% por Eiffage y ACS, y con sede en el municipio de Llers, en la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona, de Cataluña-, pero ha subrayado que hay una coincidencia "absoluta" en el posicionamiento de Francia y España.

El titular de Fomento ha añadido que los dos Gobiernos trabajan de forma coordinada en este asunto y que se reunirán de nuevo el próximo 14 de septiembre para avanzar en lo que puede ser el siguiente paso a dar.

Está previsto que los servicios jurídicos de ambos países puedan abordar ese tema a corto plazo porque el pago tiene que hacerse al 50 % para cada Estado, ha precisado.

De la Serna ha recordado, asimismo, que España y Francia consideran que no le corresponde una indemnización a la empresa por incumplimiento del contrato, por lo que no procede realizar ningún pago reclamado por el administrador concursal.

Su homóloga francesa también se ha congratulado de que ambos países hayan logrado conjuntamente evitar que la quiebra de TP Ferro tuviera un impacto en el tráfico de pasajeros y mercancías, y asegurar la continuidad de la explotación de este tramo de la línea ferroviaria.