García Montes recurre la sentencia que le condena a 4 años de cárcel

Tomás García Montes, quien fuera director general de Caja Inmaculada (CAI) entre 2005 y 2009, ha anunciado la presentación de un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la sentencia que le condena a 4 años de cárcel por un delito de apropiación indebida durante su gestión al frente de la entidad financiera, que –integrada en el grupo Caja3– se sumó años después a Ibercaja Banco.

La defensa de García Montes y Francisco Javier Alfaro, exsubdirector general en la CAI, ha dirigido un escrito a la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el que manifiesta su intención de recurrir el fallo "por infracción de derechos constitucionales al haberse vulnerado los derechos fundamentales de mis demandantes a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, con la prescripción de la indefensión, garantizados en el artículo 24 de la Constitución".

El escrito indica también, entre otras cosas, que ha habido quebrantamientos de forma "al producirse una contradicción entre los hechos declarados probados en la sentencia" y al "no haberse resuelto en el fallo todos los puntos que han sido objeto de defensa". El texto señala asimismo varias infracciones de ley por considerar que hay artículos que no se han interpretado correctamente o por la inaplicación de algún atenuante.

García Montes, Alfaro y Ramón Marrero, abogado y socio en varias filiales inmobiliarias de la CAI, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza como autores de un delito continuado de apropiación indebida agravada. A las penas de cárcel se suma el pago de indemnizaciones cercanas a los siete millones de euros (6.927.915) por el agujero causado a la entidad con las actuaciones denunciadas por la propia caja en la querella interpuesta en 2012 que dio inicio al proceso. También se añaden multas de 3.600 euros.

El fallo condenó a los tres acusados por propiación indebida pero les absolvió del delito continuado de administración desleal que pedía el fiscal y del delito de estafa que añadió la acusación particular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). Gonzalo Postigo, presidente de esta organización, dijo ayer que también ha presentado un escrito anunciando un recurso contra la sentencia, en su caso para que los acusados también reciban penas por el delito de administración desleal.