La Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón ha aprobado este miércoles cinco expedientes de modificación presupuestaria entre los que se incluye uno por 934.588 euros para la asistencia jurídica gratuita y otro por 4,5 millones para las administraciones comarcales.

La secretaria general técnica del Departamento, María Dolores Fornals, ha planteado este miércoles las propuestas a los grupos de la comisión, que han aprobado unánimemente las cinco propuestas excepto en el caso de la relativa a la justicia gratuita, en la que Podemos se ha abstenido.

En este caso, se prevé una modificación de 934.588 euros que procede de bajas de licitación en las adjudicaciones de adquisición de equipos informáticos, de los saldos disponibles para la ley de capitalidad y que, dado lo avanzado del ejercicio, no se van a usar, y de los remanentes de la convocatoria de ayudas a víctimas del terrorismo.

En este caso, ha explicado Fornels, se previó un crédito inicial de 1,2 millones de euros para unas convocatorias a las que concurrieron 186 expedientes, de los que se autorizaron 123 con un coste global de 1,08 millones, con lo que se generó un remanente de 119.281 euros.

Aún quedará de solucionar un déficit para esta cuestión de 1,2 millones de euros, después de los 2,4 millones que se consignaron inicialmente en los presupuestos de 2016 y de una modificación presupuestaria anterior por 1,2 millones, ha indicado Fornels.

La cantidad destinada al Fondo Social Comarcal, de 4,5 millones, procede de partidas de la sección 30 para grupos de acción local y que no se prevé usar este ejercicio, puesto que las ayudas ya están tramitadas, en concreto por doce millones, para el periodo 2016-2019.

El resto de expedientes tramitados son plurianuales de los departamentos de Innovación, Investigación y Universidad, Presidencia y Vertebración del Territorio.

Se trata, respectivamente, de la prórroga de determinados contratos, concretamente por 306.800 para el suministro de gasóleo para el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, de 2,3 millones para el suministro eléctrico a los órganos judiciales, y de 850.000 euros para el suministro de emisiones bituminosas para la conservación de las carreteras autonómicas.