El ministro español de Economía en funciones, Luis de Guindos, abordó este miércoles con la Comisión Europea la manera de encajar el futuro presupuesto de España con el procedimiento de déficit excesivo, de cara a la decisión que Bruselas prevé anunciar este jueves y que puede acabar en una multa.

El veredicto del Ejecutivo comunitario sobre España, y también Portugal, constatará con toda probabilidad que los dos países "no han tomado medidas efectivas" para reducir sus respectivos déficit.

En vísperas de esta decisión formal, sobre la que el colegio de comisarios debatió este martes, De Guindos se trasladó a Estrasburgo, donde está reunido el pleno del la Eurocámara y buena parte de los miembros de la CE, para citarse con el vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y el titular de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.

Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que no se abordaron los plazos ni la multa en sí, porque el Gobierno español en funciones "parte de la base de que no la habrá".

Eso sí, De Guindos ha tratado los "escenarios presupuestarios" de España y su "compatibilidad con el actual procedimiento por déficit excesivo".

Una multa de Bruselas podría suponer en el peor de los casos 2.200 millones de euros y la suspensión de fondos estructurales y de inversión europeos.

España tenía que cumplir este año, pero en 2015 se desvió hasta el 5,1 % -si se cuenta la ayuda financiera a la banca- y se alejó definitivamente de poder situar el déficit en el 2,8 % en 2016.

De Guindos cree que su mejor baza para evitar una multa es ya no solo reiterar el esfuerzo que ha hecho el país para reducir el déficit desde 2011 o el impacto de la baja inflación, sino el próximo cuadro macroeconómico que estará elaborado antes de finales de julio y en el que se revisará al alza la previsión de crecimiento para 2016, fijada en un principio en el 2,7 % del PIB.

Por otra parte, el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo el miércoles que los próximos presupuestos, como "vértice" de la financiación de todas las administraciones, deben estar, a su juicio, "comprometidos" con la reducción del déficit y de la deuda, y con la atención "prioritaria" a las políticas sociales y el gasto del funcionamiento del Estado.

La CE pidió en mayo a España un ajuste de más de 8.100 millones de euros en dos años a cambio de darle un año extra, hasta 2017, para situar su déficit por debajo del 3 % del PIB.

Fuentes comunitarias indicaron tras la reunión de De Guindos con Dombrovskis, que el encuentro "ha ido muy bien", sin dar más detalles, pero el ex primer ministro letón dijo horas antes en una comparecencia en la Eurocámara que la CE tendrá en cuenta los esfuerzos hechos por España en los últimos años y reiteró que se aplicarán las reglas de disciplina fiscal "con inteligencia".

El Gobierno español da por hecho que los ministros de Economía y Finanzas de la UE abordarán la cuestión en su reunión del día 12, y además así figura de momento en la agenda provisional del Ecofin.

Está por ver si da tiempo a preparar la decisión para el próximo martes, y si no fuera incluida en la agenda podría quedarse la cuestión pendiente hasta el próximo Ecofin formal en octubre.

España tiene de su lado a Francia y especialmente Italia, con una abultada deuda en 2015 del 132,7 % del PIB, la segunda mayor por detrás de Grecia, y contra la que la CE no actuó en mayo con vistas a revisar el cumplimiento de sus compromisos asumidos en otoño. Pero tiene en contra a Holanda y a Alemania que mantiene la máxima de que las reglas deben ser respetadas.

Si el Consejo decide que España no ha tomado medidas efectivas para reducir el déficit, la CE tiene 20 días para recomendar una multa del 0,2 % del PIB, que quedaría adoptada salvo que el Ecofin decidiera por mayoría cualificada rechazarla en un plazo de 10 días.

También podría enmendarla y la CE puede por su parte reducir o cancelar la multa si recibe una solicitud razonada por parte de España en un plazo de 10 días tras la decisión adoptada.