El verano se aproxima y basta teclear en internet para encontrar multitud de ofertas de alquileres de apartamentos turísticos. El problema es que una gran parte de ellas se encuentran en plataformas ‘online’ no regladas, es decir, que no están sujetas a ninguna legislación laboral, de consumidores o tributaria. Por este último motivo –y por la presión del sector– Hacienda ha puesto el foco en este tipo de arrendamientos, que empiezan a notar ya cómo se estrecha la vigilancia del fisco. Y es que no se trata de un modelo de negocio menor. Todo lo contrario. El número de viajeros que optaron por estos servicios ascendió a 7,5 millones en 2014 (el 11,5% de los visitantes que España recibió ese año). Esto supone un incremento exponencial del 60% en cuatro ejercicios, según datos de la patronal turística Exceltur. Un ritmo que sigue en aumento y que ha llevado al Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) a levantar la voz de alarma y estimar que el 42% de los alquileres que se producen en España no se declaran.

El turismo es uno de los pilares del crecimiento económico de España, que recibió 68,1 millones de viajeros el año pasado. Sin embargo, los alojamientos tradicionales (hoteles, hostales, apartamentos reglados) empiezan a sufrir de manera evidente la feroz competencia de un modelo de negocio que ofrece precios más baratos al ahorrarse costes importantes asociados a seguridad, limpieza o al pago de impuestos (sobre todo IRPF e IVA). El sector responsabiliza de este vacío legal al Gobierno. "Falta liderazgo por parte de la administración turística central", explica el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda. Este experto también critica a la secretaría de Estado de Telecomunicaciones por "no haber sido activa en la lucha contra este problema". Le reprocha una actitud "huidiza" y "esquiva" a la hora de legislar para controlar a estas plataformas ‘online’ que, en su opinión, se escudan en el argumento de la economía colaborativa. En este sentido, destaca que el sector no se opone al negocio del alquiler ‘online’, pero sí pide que tenga una regulación.

Sin embargo, hay una pata de la administración que sí está actuando: la Agencia Tributaria. El plan de control tributario incluye específicamente desde el pasado ejercicio una referencia a actuaciones sobre particulares que cedan de forma "opaca" viviendas por internet. Una medida que se completa con inspecciones presenciales. Además, en la actual campaña de la Renta algunos contribuyentes recibirán un mensaje de advertencia en el que se recuerda que han realizado "anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido internet". En este sentido, avisa de que si se han percibido rentas por el arrendamiento "deben incluirse en la declaración".

Y es que según las estimaciones de Gestha las rentas no declaradas por alquiler ascienden a 3.876 millones de euros, la mayor parte (1.094 millones) en Cataluña. Según sus cálculos, de los 2,4 millones de viviendas alquiladas, un millón son irregulares. Murcia y Canarias lideran el ranquin con más alquileres en la economía sumergida, un 61,1% y 55,6%, respectivamente.

Una de las herramientas con las que cuenta Hacienda para descubrir estos alquileres irregulares es a través del alto consumo eléctrico en viviendas cuyos propietarios declaran estar desocupadas. Desde 2010 la Agencia Tributaria dispone de la información del consumo de electricidad de los hogares.

Las competencias sobre turismo están transferidas a las comunidades autónomas, lo que implica que cada una busca una manera distinta de abordar el problema con legislaciones, cuando las hay, muy distintas. Por eso desde Exceltur piden una legislación común a nivel estatal que, de momento, está muy lejos de producirse. Una de las legislaciones que más convence al sector turístico es la aprobada por Canarias, donde se exige registrarse para alquilar viviendas con uso turístico. También se piden unas mínimas normas de seguridad o derechos del consumidor. En Baleares, por ejemplo, el Gobierno ha prohibido que se puedan alquilar con fines turísticos pisos sueltos en edificios residenciales. El objetivo es evitar las molestias a los vecinos.