Junqueras calcula que el Gobierno debe otros 1.090 millones por el año 2015

El vicepresidente de la Generalitat catalana y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha cuantificado hoy en unos 1.090 millones de euros la cantidad que tendrá que abonar el Gobierno a Cataluña por el "cálculo inadecuado" del sistema de financiación autonómica del año 2015.

Un dinero que se suma a los 1.400 millones que recibirá la Generalitat catalana antes del verano a cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio de 2014, 350 de los cuales ya se le han transferido.

Tras reunirse durante mas de dos horas con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, Junqueras ha dicho que la preferencia del Govern catalán es que el resto de esa cantidad llegue mes a mes a las arcas autonómicas, sin esperar a julio, cuando está previsto que lo reciban todas.

Ha confirmado que la noche de este jueves les llegaron los 350 millones anunciados por el Ministerio de Hacienda como anticipo de los 1.400 millones que corresponden a Cataluña por la liquidación del ejercicio de 2014 y ha asegurado que no ha reclamado nuevos adelantos a Montoro.

Lo que sí desea es que ese dinero vaya llegando "de forma lo más regular posible", porque que la administración catalana pueda ser rigurosa con sus proveedores "depende también del rigor con el que el ministerio cumple sus compromisos, pendientes desde el 2014".

"Todos debemos ser responsables de los compromisos que tenemos adquiridos", ha subrayado el conseller, en cuya opinión es mejor prorratear estas partidas mes a mes porque surgen "del cálculo inadecuado" que hizo el Gobierno en 2014.

Respecto a la exigencia del Gobierno de que el dinero transferido se dedique a servicios sociales y al pago de proveedores, ha recordado que Hacienda tiene "conocimiento detallado, semana tras semana, de todas las decisiones de gasto de todas las comunidades autónomas".

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la delegación del Govern catalán en Madrid y no en el ministerio, Junqueras ha asegurado que hay "coincidencia" en que al menos algunos de los créditos a corto plazo de la Generalitat pasen a largo plazo.

La Generalitat reclama desde octubre al Gobierno autorización para convertir una parte de su deuda a corto plazo -unos 1.600 millones- en deuda a largo plazo para poder incluirla en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

A juicio de Junqueras, "a todo el mundo le conviene" que los créditos que son a corto plazo -tres meses-, se renueven a largo, a un año o más.

No ha habido ningún acercamiento en cuanto al tipo de interés que se cobra a las comunidades adheridas al FLA, incluida Cataluña, que la semana pasada presentó el plan de ajuste que requiere el Ministerio para tener acceso a esos fondos.

Mientras la propuesta de la Generalitat catalana es que el tipo de interés de las partidas que reciben las comunidades sea 0, el mismo que cobra el BCE por prestar dinero, Hacienda insiste en mantener el 0,834 por ciento de interés.

Junqueras, por otra parte, ha considerado "artificial" la calificación de la agencia Standard and Poor's, que ha degradado un escalón más la calificación crediticia de Cataluña, teniendo en cuenta que esa comunidad carece apenas de capacidad para recaudar.

Para Junqueras, la calificación de cualquier administración pública responsable del gasto social, sanitario y educativo pero que no controla sus ingresos, porque un 95 por ciento lo recauda el Ministerio, "siempre es de carácter absolutamente artificial".

Con todo, ha considerado que esta situación contribuye a que cada vez más catalanes estén convencidos de que "el único camino adecuado es ser responsables de su esfuerzo fiscal".

Además, Junqueras ha explicado que Montoro y él han coincidido también en la responsabilidad que tienen todas las instituciones en el mantenimiento del crecimiento económico.

Y ha confiado en que el ministro comparta con él la máxima de que si el 95 por ciento de los impuestos de los catalanes los recauda el Ministerio de Hacienda, entonces es él el "último responsable" de garantizar la prestación de los servicios sociales básicos.