Europa pone fin al comercio de derechos de plantación del viñedo vigente durante 30 años

Los viticultores europeos despiden el año diciendo además adiós a un sistema de derechos de plantación que lleva en vigor desde hace tres décadas. Ahora, para plantar viñedo era necesario disponer de un derecho que el agricultor tenía bien por ser dueño de su propia superficie o porque lo había comprado en el mercado, a unos precios que han llegado a oscilar entre los 3.000 y los 15.000 euros por hectárea. Un comercio que, como algunas organizaciones agrarias reconocen, era utilizado por los profesionales para afrontar una jubilación más cómoda, pero que, insisten también, "supone una importante pérdida patrimonial para los agricultores".

El 1 de enero de 2016 entra en vigor un nuevo sistema –que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030– con el que para plantar solo será necesario contar con una autorización administrativa. La gran diferencia es que estos permisos, que tendrán una validez máxima de tres años desde el momento de su concesión, no tienen ningún coste económico y, sobre todo, no pueden ni venderse ni transferirse. Para acceder a los mismos, Bruselas ha establecido tres vías: por arranque de viñedo, por reconversión de un derecho o bien solicitando a la Administración una parte del cupo corrrespondiente y que será como máximo del 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior.

No es el sistema que hubieran deseado los agricultores y sus representantes sindicales, pero el sector vitivínicola reconoce que, al menos, es el menos malo. No se trata de pura conformidad. La aprobación de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino aprobada en 2007 daba por terminado el sistema de derechos en 2015 y liberalizaba totalmente las plantaciones. Una decisión que hizo levantarse en armas a todo el sector, que advertía que la eliminación del único mecanismo de control de la producción provocaría la deslocalización del viñedo y una crisis rural y medioambiental en aquellas zonas en las que no existe otra alternativa productiva a este cultivo. Este unánime rechazo consiguió una solución intermedia: el sistema de autorizaciones que comienza en 2016.

El viñedo aragonés ocupa actualmente una superficie algo superior a las 37.000 hectáreas, según los datos correspondientes a 2014 del registro vitícola de la comunidad. De ellas, más del 78% están integradas en alguna de las cuatro denominaciones de origen con las que cuenta Aragón –Cariñena, Campo de Borja, Somontanto y Calatayud–, mientras que en unas 5.500 se produce uva bajo el sello de calidad Vinos de la Tierra. Unas cifras que demuestran la importancia de este sector en la Comunidad y la expectación con la que los productores encaran 2016.

Desde las denominaciones aragonesas no se ve con malos ojos este nuevo sistema, después del alivio que supuso la marcha atrás de la liberalización. En algunas zonas incluso se califica el cambio de "positivo". Es el caso de la D. O. Calatayud. "Como somos una denominación pequeña no nos provoca ningún problema. Es más, no nos importaría en absoluto que venga gente a plantar viñedo en nuestro territorio", señala Javier Lázaro, secretario del consejo regulador.En manos del productor

Tampoco hay excesiva preocupación en Campo de Borja, porque como señala José Ignacio Gracia, secretario de la denominación, "el sistema continúa dejando en manos de los productores la posibilidad de seguir regulando el viñedo en cada zona, porque de los que se trata es de regular las produciones". Gracia reconoce que la desaparición de los derechos ha creado "incertidumbre" entre los agricultores de mayor edad. "El viticultor joven no tiene esa preocupación", señala. Pero señala que en los viñedos de esta comarca "las transacciones con derechos no han sido nunca muy habituales", debido a una de las cualidades de esta D. O.: "un elevado nivel de cooperativismo que ha conseguido modular y ordenar la situación", matiza.

"Estamos satisfechos", asegura el presidente de la Denominación de Origen Somontano, Mariano Beroz, que inisiste en que es bueno que existan mecanismos de regulación que impidan la masificación de plantaciones. Y se muestra convencido de que aunque las nuevas autorizaciones administrativas no podrán transferirse, ni venderse, existirían mecanismos que permitan compensar "esa injusticia que supone que los agricultores no puedan recuperar o dejar en herencia un patrimonio que les supuso una inversión".

El presidente de Cariñena, Antonio Ubide, reconoce que el sistema de derechos aún vigente había demostrado su eficacia en Europea para equilibrar la producción, y destaca que con su desaparición "no esperamos mucho movimiento ni grandes plantaciones". Se muestra convencido, eso sí que es el primer paso para la liberalización que llegará "con toda seguridad" en 2030.