El Gobierno de Aragón aprobó ayer un nuevo paquete de ayudas a la industria alimentaria por valor de 8,7 millones de euros. Unas subvenciones que dan respuesta a 27 solicitudes presentadas comunidad autónoma que suman una inversión de más de 61 millones de euros destinados a la creación de nuevas industrias, así como a la ampliación y mejora de las instalaciones.

Esta nuevas ayudas se suman a las aprobadas el pasado 17 de noviembre y 1 de diciembre, cuando el consejo de Gobierno dio luz verde a un montante de 4 y 9 millones de euros respectivamente para acompañar una inversión total de 83 millones de euros presentada por 92 firmas agroalimentarias.

No se trata de expedientes presentados en la nueva legislatura que comenzó con las elecciones autonómicas de mayo de 2015, sino de solicitudes que se habían quedado bloqueadas ante la falta de disponibilidad económica del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi. El actual consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, explica que cuando llegó a su departamento se encontró una "situación de bloqueo económico" acentuada además por la "cultura generalizada" de aprobar todas las solicitudes que se presentaban "por orden de llegada" y hasta que había presupuesto, por lo que cuando se agotaban los recursos se paralizaban las ayudas.

Esta situación, asegura el consejero, explica la existencia de 117 expedientes de industrias agroalimentarias que continuaban a la espera de conseguir la aprobación de la subvención correspondiente. Todos ellos sumaban una inversión de 144 millones que habían solicitados, en su conjunto, una subvención de 21,7 millones de euros. Un atasco que terminó por solucionarse ayer con la aprobación del último paquete de ayudas públicas a este sector, que incluso en tiempos de crisis ha mejorado su facturación, su empleo y su presencia en los mercados exteriores.

Presupuesto plurianual

"Hemos tenido que comprometer presupuesto de años siguientes porque no había disponibilidad en las cuentas de 2015", apunta Olona. De hecho, las ayudas aprobadas responden a un plan plurianual que se prolongará hasta 2017. El consejero insiste en que el nuevo Gobierno no ha tenido otra salida que dar el visto bueno a los expedientes no solo porque se comprometían inversiones millonarias y necesarias para el sector, sino porque los beneficiarios entendían que puesto que no se había denegado su solicitud en el plazo establecido, su expediente estaba aprobado y ya se les pagaría.

"Si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos incurrido en algún problema administrativo", señala Olona, que explica que "dado que no existen exigencias concretas de selección ¿cómo explicábamos que estos se hubieran rechazado y no los anteriores si el único criterio aplicado es su aprobación según fecha de entrada?".

La larga lista de expedientes ahora desbloqueados para invertir en la creación, ampliación o modernización de industrias agroalimentarias la protagonizan firmas de las variados subsectores. La mayor parte de los proyectos, según explicaron ayer desde la consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, los lideran las empresas hortofrutícolas, de forrajes y de piensos. Hay también expedientes de industrias cárnicas, firmas del porcino, empresas del sector lácteo, del arrocero, panificación y repostería, pastas alimenticias, conservas vegetales y frutos secos.

La industria alimentaria aragonesa factura más de 3.000 millones y emplea a unas 15.000 personas, casi la mitad en el entorno rural, lo que le convierte en el segundo sector industrial de la comunidad autónoma que, sin embargo, echa de menos una apuesta más decidida del Ejecutivo que se concrete en un proyecto de promoción alimentaria "ambicioso" que tenga en cuenta las "verdaderas necesidades" de las empresas del sector, como recuerda AIAA, la patronal que las representa.