Montoro negocia con los funcionarios públicos una mejora salarial a partir de 2016

Tratan de recuperar los días de libre disposición y parte de la paga extra eliminada.

Se creará un calendario de reuniones para negociar las subidas en los salarios.
Se creará un calendario de reuniones para negociar las subidas en los salarios.
Efe

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha establecido este jueves con los sindicatos un calendario de reuniones para negociar en quince días las subidas en los salarios de los empleados públicos para 2016, así como la devolución del 75 % de la paga extra aplazada en diciembre de 2012.


Ésta ha sido la principal conclusión de la Mesa de la Función Pública, en la que se han reunido este mediodía representantes de los sindicatos con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien ha expresado que la voluntad del Gobierno es "abandonar" cinco años de congelación salarial y avanzar en "una mejora de su situación retributiva".


El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresaba horas después su confianza de que Hacienda y los representantes sindicales lleguen a un acuerdo y reiteraba que la intención del Ejecutivo es restituir lo que resta por abonar de la paga extra de Navidad en cuanto lo permita la recaudación.


En este sentido, Rajoy ha añadido que las retribuciones de los empleados públicos estarán contempladas de forma definitiva en los presupuestos generales del Estado de 2016.


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también ha avanzado en el Senado que se está negociando con los sindicatos escenarios "de creciente retribución".


No obstante, los sindicatos de la función pública han exigido al Gobierno que presenten "medidas concretas" más allá de propuestas electoralistas y han advertido de que los trabajadores no se contentarán con "migajas" o "caramelitos".


En este contexto, Beteta ha anunciado que este viernes comenzarán los diálogos bilaterales con las centrales sindicales para celebrar a continuación las mesas técnicas.


Posteriormente, se convocará una nueva Mesa General de la Administración General del Estado y, finalmente, una Mesa General de las Administraciones Públicas, todo ello en "quince días de intenso trabajo" que se plasmará en los presupuestos de 2016.


Beteta ha evitado dar una cifra de subida salarial, porque "impediría la negociación", pero ha dicho que se deben tener en cuenta cuestiones como el control del déficit público.


Además, ha subrayado su intención de negociar también la devolución de la paga extra y los días de libre disposición suprimidos en 2012, entre otros temas.


Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han coincidido en exigir al Gobierno que ponga sobre la mesa medidas concretas que sirvan para que los empleados públicos recuperen sus "derechos robados" en los últimos años.


El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha asegurado que hay dos millones y medio de trabajadores públicos que "están cabreados" desde 2010 porque sólo han vivido desde entonces recortes en sus salarios y en sus condiciones laborales, por lo que ha advertido de que si el Gobierno no cumple, los empleados "tomarán nota" de ello cuando vayan a las urnas.


El responsable de CCOO en la Administración General del Estado (AGE), José Manuel Vera, ha dado la bienvenida a la voluntad de diálogo del Gobierno, pero ha dicho que es "triste" que esta intención llegue con tanta prisa debido al calendario de los presupuestos y que dé como resultado una negociación "en condiciones complicadas por el tiempo".


Asimismo, el secretario de sector de la AGE de UGT, Carlos Javier Álvarez, ha dicho al Gobierno que los trabajadores no se van a conformar con "migajas" o "caramelitos" tras la expectación creada y ha pedido poner énfasis también en las perspectivas de creación de empleo en el sector público.


Los sindicatos han argumentado que España puede afrontar ahora la devolución del 75 % de la paga extra aplazada en 2012 y han abogado por tratar otros temas en la negociación de los próximos días como la conciliación de la vida laboral y familiar, la devolución de los recortes salariales por incapacidad temporal o el aumento de la tasa de reposición que permita la prestación adecuada de los servicios públicos.

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