El nuevo impuesto sobre depósitos solo recaudará 11 millones en Aragón

El Gobierno aprobó el pasado viernes un decreto-ley de impulso económico que fija en el 0,03% el nuevo impuesto a los depósitos bancarios en el conjunto de España. El Ministerio de Hacienda creó este tributo para que los depósitos de los bancos recibieran un tratamiento homogéneo, ya que estaba implantado solo en algunas comunidades, y el sistema financiero no perdiera eficiencia. Su creación supuso la desaparición del tributo en aquellas regiones donde existía.

Según el Gobierno, la creación del nuevo impuesto estatal, que lo deben pagar las entidades financieras, busca "potenciar y garantizar" la unidad de mercado. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que este impuesto supondrá un coste de 362,9 millones de euros anuales para las cajas y bancos, al aplicar una tasa única del 0,03% sobre el volumen global de depósitos desde el 1 de enero de 2014, que en España asciende a 1,2 billones de euros.

Una cifra que en Aragón se quedaría en apenas 11 millones de euros, tras aplicar el nuevo impuesto a los más de 35.700 depósitos que había establecidos en la Comunidad en marzo de este año. Desde Gestha critican que el tipo del impuesto aprobado por el Gobierno (0,03%) es diez veces inferior al tipo mínimo que aprobaron en su día algunas comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía, Canarias, Cataluña, Asturias y Valencia, y que se situaba en un mínimo del 0,3% y se elevaba en una tarifa progresiva al tipo marginal del 0,5% para las mayores bases imponibles.

“El Gobierno, a finales de 2012, justificó la creación de forma urgente de un impuesto estatal a los depósitos bancarios tras una sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló la creación de este impuesto por las autonomías. De este modo, el Ejecutivo intentaba evitar el riesgo de deslocalización de los mayores depósitos si cada comunidad aplicaba un tipo distinto, si bien la realidad ha demostrado que las tarifas aprobadas por las autonomías eran exactamente las mismas, salvo en Extremadura, que era algo superiores”, señalan en un comunicado.

Gestha considera “un nuevo guiño a la banca que el gravamen estatal sea una décima parte del tipo mínimo de las tarifas autonómicas a las que sustituye, que se suma al 'salvavidas' incluido dentro de la reforma fiscal recientemente aprobada para evitar un deterioro de sus activos de 6.400 millones de euros”.

 Un efecto desigual en la financiación autonómica

La cesión a las autonomías de la recaudación del impuesto tendrá un impacto mayor en las comunidades con mayor concentración de grandes fortunas como Madrid y Cataluña, que juntas suman el 46,2% de todo el dinero confiado a los bancos. En una posición intermedia de financiación estarán la Comunidad Valenciana, Castilla León y Galicia, así como las diputaciones forales del País Vasco. Entre las que menos percibirán estarán Extremadura, Navarra, Cantabria y La Rioja, junto con Ceuta y Melilla.

De todas formas, al margen de los ingresos que este tributo estatal aporte a las arcas de cada comunidad, los Técnicos del Ministerio de Hacienda señalan que el Gobierno “deberá compensar a Extremadura, Andalucía y Canarias” por la diferencia de recaudación entre su impuesto propio –suspendido tras la entrada en vigor del estatal en 2013– y el nacional que ahora le cederá el Estado.