Inspecciones de incógnito o el pago de confidentes para luchar contra el fraude

La propuesta de estatuto a la Agencia Tributaria quiere conseguir una organización más trasparente.

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 La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria en ella destacan alternativas como la regulación del nombramiento de los máximos responsables de la organización o mecanismos para lucha contra el fraude. El presidente y el secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Francisco Vázquez, respectivamente, han destacado la importancia de que se dote a la Agencia Tributaria de nuevas facultades legales para mejorar la lucha contra el fraude.


Una de las nuevas competencias que propone Pérez Boga es la regulación de un procedimiento de obtención de información sin identificación previa. "Se nos deben permitir las actuaciones de incógnito, la posibilidad de trabajar por sorpresa sin necesidad de que tengamos que identificarnos previamente", subrayó.


Sobre el pago a confidentes, los inspectores de Hacienda piden poder disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales, con un régimen similar al de la Policía o la Guardia Civil, de tal manera que se evite lo máximo posible la malversación o el uso fraudulento de estos fondos, un "peligro" que, según admitió Pérez Boga, es "muy real".

Su aprobación se retrasará a 2016 


También dentro de las nuevas facultades legales que solicitan para la Agencia Tributaria se encuentra la publicidad de morosos y defraudadores, un anuncio realizado ya por el Ministerio de Hacienda, pero que aún no se ha puesto en marcha. Para los inspectores, se trataría de un censo de condenados por delito fiscal (a partir de 120.000 euros), de contribuyentes con sanciones de entre 100.000 y 300.000 euros y de deudores de cuantías similares a las anteriores.


El presidente de la Organización de Inspectores enmarcó todas estas medidas en la necesaria aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, ya anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que según explicó Pérez Boga, se quiere aprobar en paralelo a la reforma fiscal, pero su entrada en vigor no sería hasta 2016, coincidiendo con el 25 aniversario de la Agencia Tributaria.


Entre las medidas que incluiría dicho Estatuto, que ya ha sido entregado al director de la Agencia Tributaria, figurarían la necesidad de contar con un sistema de información único, de tal manera que exista una sola base de datos gestionada por la AEAT, y cuyos usuarios sean todas las administraciones públicas. 

Base de datos única


Además del sistema de base de datos única, los inspectores reclaman la regulación de la elección de los dirigentes del organismo para conseguir mayor independencia. Para ello piden democratizar la elección del director y que se haga a través del Congreso. Según Pérez Boga, este nuevo modelo mejoraría la "estabilidad, interdependencia y eficiencia" de la Agencia Tributaria.



El presidente de los inspectores de Hacienda ha incidido en que "En los últimos tiempos se ha puesto en duda la credibilidad e independencia de la Agencia Tributaria, con casos como el de la Hacienda Navarra, la multinacional Cemex o el caso de la Infanta, y creemos que hay que decir 'basta ya' y hacer lo posible para que no se puedan producir intentos de injerencias políticas nunca más",


La propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria que han realizado los inspectores de Hacienda también contempla la creación de una Oficina Nacional Antifraude, que integre funcionarios propios. 


Por último, los inspectores de Hacienda quieren que las fuentes de financiación de la Agencia Tributaria no dependan de los Presupuestos Generales del Estado, sino que el 18% de su presupuesto esté vinculado con los actos de liquidación y gestión recaudatoria.


Pérez Boga afirmó que la Agencia Tributaria ya lleva un par de meses trabajando en el nuevo estatuto y que, a pesar de que coinciden en muchos aspectos, la actual Dirección del organismo no comparte ni lo relativo al nombramiento del director ni lo relacionado con la financiación propia del organismo.