Cada aragonés tributa al año 2.285 euros de más por culpa de los evasores fiscales

La evasión fiscal que practican parte de los contribuyentes le cuesta a cada aragonés 2.285 euros al año. Esta cifra sitúa a los aragoneses entre los españoles que más tributan por culpa de los evasores fiscales, solo superados por los riojanos. Así lo indica un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que señala que en Aragón la tasa de economía sumergida es del 25,5% del PIB.

De media, los españoles tienen que pagar al fisco 1.910 euros de más para compensar los impuestos que otros contribuyentes no abonan. Aragón se sitúa por encima de la media, con 2.285 euros. Los aragoneses tienen que hacer frente a los 3.075 millones de euros que se dejan de ingresar por los evasores fiscales.

El esfuerzo de los contribuyentes aragoneses solo se ve superado por el de los riojanos. La Rioja es el territorio donde la evasión fiscal tiene más incidencia sobre los ciudadanos, que tienen que pagar cada año en torno a 2.775 euros de más para compensar al Estado los ingresos que deja de percibir.

Junto con Aragón y La Rioja, son seis las CC. AA. donde los tributos y las cuotas sociales que los ciudadanos abonan de más superan los 2.000 euros. Los contribuyentes que menos esfuerzo tienen que realizar por culpa de los evasores fiscales son los extremeños (1.113 euros).

Son dos los factores que determinan la carga impositiva que tienen que asumir los aragoneses, según ha explicado el secretario general de Gestha, José María Molinero. Se trata de la población y la economía sumergida. La tasa de evasión de impuestos en la Comunidad alcanza el 25,5%, una cifra muy elevada respecto a otras regiones españolas. 

Esa tasa de evasión fiscal, puesta en relación con la población de la Comunidad, hace que el impacto económico que tiene que asumir cada aragonés sea más elevado. En definitiva, se tienen que repartir demasiado fraude fiscal entre pocos ciudadanos.

Desplome de la presión tributaria

La presión fiscal es la recaudación real de impuestos del Estado, no las leyes tributarias promulgadas por el Gobierno, como se cree habitualmente. Es decir, la presión fiscal de un país no aumenta cuando un Gobierno sube los impuestos o diseña leyes para perseguir el fraude, sino cuando esa subida y esa persecución tienen un impacto real sobre la recaudación. Por eso, aunque en los últimos años en España se han subido los impuestos y se ha perseguido en la fraude, la presión fiscal no ha subido porque no se ha conseguido que aumente la recaudación. 

Según los datos de los técnicos de Hacienda, en el año 2007 se perdieron en España 20.310 millones de euros en impuestos. En 2009, esa cifra se multiplicó por cuatro hasta los 83.880 millones y aunque en 2010 y 2011 se consiguió bajar esa cifra, esta sigue muy por encima de la situación previa a la crisis. De hecho, Gestha estimaba que alcanzó los 78.956 millones en 2011.

Esto sucede porque la recaudación en España no ha hecho otra cosa que desplomarse desde el año 2007. Ese año, este indicador se situaba en torno al 37,1% del PIB, mientras que en 2011 la estimación fue del 31,4%: 5,7 puntos menos.

La comparación con la presión fiscal media de la UE (entendida como recaudación media) no hace sino empeorar la situación española. En 2011, la presión fiscal española se situó 7,4 puntos por debajo de la media de los 27 países europeos de la moneda única, que se estableció en el 38,8% del PIB.