El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha instado al ministro de Economía, Luis de Guindos, a que responda si hubo reuniones previas de su departamento con el equipo de Rodrigo Rato antes de la presentación de su último plan de viabilidad para Bankia y si tuvo constancia de borradores del mismo.

En una providencia, el magistrado de la Audiencia Nacional accede a la petición de UPyD para volver a remitir al ministro varias preguntas que ya le formuló este partido, al tiempo que le advierte que, como testigo, tiene la "obligación" de ser veraz.

Andreu solicita a De Guindos que en un plazo de cinco días explique también, a instancias de UPyD, si exigió un nuevo plan a Rato pese a que ya se había aprobado uno por parte del Banco de España.

UPyD quiere saber si existió este segundo plan y, en caso de ser cierto, por qué el Ministerio de Economía lo rechazó. Andreu, por el contrario, considera "improcedente" la cuestión en la que UPyD inquiría a De Guindos su opinión sobre ese plan.

Por otra parte, el juez adelanta que se pronunciará sobre la solicitud de la formación dirigida por Rosa Díez de citar como testigos al presidente del Santander, Emilio Botín, el del BBVA, Francisco González, y el de CaixaBank, Isidro Fainé, en una resolución aparte.

En el formulario que envió a De Guindos, UPyD se interesaba por "las razones, lugar y motivos" y "detalle" de las reuniones celebradas los días 4 y 6 de mayo de 2012 con Rato, que presentó su dimisión un día después, y los presidentes de las tres principales entidades financieras en el despacho del ministro.

Sobre ello, De Guindos explicó que "se enmarcaban en los contactos habituales que tenía con los responsables de las principales instituciones financieras" para analizar la situación del sector, la evolución del crédito, el acceso a la financiación y las iniciativas europeas con impacto en el sistema financiero.

Para UPyD, no es "habitual" que los cuatro presidentes de las principales entidades financieras "se reúnan dos veces seguidas en el escaso período de dos días y que además la segunda de tales reuniones tenga lugar un domingo, en el despacho oficial del propio señor De Guindos en el Ministerio de Economía".

Y además de esa "evidente falta de información" sobre el contenido concreto de los encuentros, la formación política cree que "el supuesto carácter ordinario (o poco menos que burocrático) de tales reuniones resulta poco creíble y casa muy mal con las circunstancias excepcionales que el propio Sr. ministro refiere en su escrito".

Tampoco le parece "casual o fortuito" que la primera reunión se produjera el mismo día en que Bankia presentó el «Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora de Margen» y la segunda "la víspera de su sorpresiva dimisión".

Rechazan la intervención judicial de Bankia 

La Audiencia Nacional ha rechazado, además, este miércoles que el juez Fernando Andreu deba acordar la intervención judicial de Bankia y la suspensión de cualquier medida que pueda perjudicar a los accionistas, acreedores y empleados de la entidad, entre ellas el ERE pactado con los sindicatos, medidas solicitadas por UPyD.

En el auto notificado este miércoles, la sección tercera de este tribunal desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por el partido político contra las resoluciones en las que, primero el 30 de julio de 2012 y luego el pasado 31 de enero, Andreu ya denegó intervenir judicialmente Bankia.

En el recurso, UPyD afirmaba que la nueva directiva de Bankia es una mera continuación de la destituida y que existe el peligro de que tome medidas que le impidan cumplir con una posible condena, en caso de que resulte culpable en el proceso abierto contra la entidad, su matriz -Banco Financiero de Ahorros (BFA)- y los 33 consejeros imputados.

Según el partido político, es una locura "dejar al frente de Bankia, sin supervisión de ningún tipo, a unas personas que avalan y defienden plenamente el comportamiento indiciariamente delictivo de sus predecesores y pretender que con ello se evita cualquier riesgo de reiteración delictiva".

La sala dice, sin embargo, que este motivo de recurso "no puede prosperar", porque el razonamiento de la recurrente, "sobre la insistencia en el alegato de la parcialidad de los nuevos gestores de Bankia/BFA, sustentado en exclusiva en sus presunciones de culpabilidad, no puede ser atendido en un Estado de Derecho".

Añade que "aún cuando la intervención de las empresas es medida que puede adoptarse por el juez instructor durante la instrucción, esta excepcionalidad requiere que la adopción de la medida se adopte con los límites establecidos" en el Código Penal", que prevé esa acción para "salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores" y por un tiempo máximo de cinco años.

En este caso, dicen los magistrados, UPyD pide la intervención "para obtener una finalidad que excede de la establecida como 'númerus clausus'" por el Código Penal.

La sala sugiere, por último, que en su opinión UPyD no está legitimada para pedir la intervención judicial de Bankia e incluso para recurrir las resoluciones en las que se rechaza la solicitud, aunque no resuelve sobre esta cuestión porque Andreu no lo hizo en sus autos anteriores.

En cualquier caso, y pese a que el resto de las partes personadas en la causa pidieron que se condenara a UPyD a pagar las costas del recurso, la Audiencia Nacional rechaza hacerlo porque no aprecia "temeridad" ni "mala fe" en la actuación del partido político.