Así lo ha explicado el vicepresidente del Consell, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno que esta semana se ha celebrado en la localidad alicantina de Altea, y en la que ha explicado que
, pero será "suficiente para cubrir los vencimientos de deuda".
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La adhesión a este mecanismo, que va condicionada a la previa aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, supone la
aceptación por parte de la Comunidad Valenciana
del "control financiero y fiscal por parte del Gobierno central", según ha explicado Císcar.
Este fondo
evitará que se tenga que retirar "liquidez" de partidas relacionadas con las políticas sociales así como "el encarecimiento de los préstamos ante una eventual renegociación que ahora no será necesaria", además de permitir
"centrarse a atender los pagos a otros proveedores", como las farmacias.
Císcar ha asegurado que esta adhesión
no implicará "nuevos ajustes en 2012" y ha explicado que lo que está previsto es "el cumplimiento estricto" del plan de estabilidad aprobado por el Gobierno valenciano el pasado mes de abril, y que garantiza que no se superará el límite del 1,5 por ciento del déficit.
"Si no se vence el déficit no saldremos de la crisis", ha argumentado el vicepresidente, quien ha indicado que por ese motivo la Generalitat
"asume voluntariamente" el compromiso de enviar mensualmente al Ministerio de Hacienda información sobre el seguimiento del plan de ajuste previsto.
Según los planes económico-financieros que
las comunidades autónomas registraron en el Ministerio de Hacienda, los
vencimientos de deuda en lo que queda de año llegan a más de
15.000 millones de euros, de los que a la
Comunidad Valenciana corresponde el 22,69 por ciento.
En cuanto al
pago de la deuda que el Consell tiene con las oficinas de farmacias, ha explicado que la previsión es que antes de que finalice el presente mes de julio se les pueda abonar una primera mensualidad, y en el momento en el que la Comunidad esté incluida en el fondo de liquidez "hacer frente" al resto.
Preguntado por los expedientes de regulación de empleo (
ERE) que afectarán al sector público empresarial, que el conseller de Economía, Máximo Buch, anunció que empezarán a ejecutar a partir del próximo mes de octubre, ha sostenido que esta
es una decisión que no les gusta pero "no tienen otra opción".
"O se hace el ERE o si no hay que ir al cierre y liquidación", ha afirmado el vicepresidente, quien ha asegurado que el Consell va a seguir "la hoja de ruta" que tiene marcada desde que se aprobó la reestructuración y que establece que todo el proceso tiene que estar finalizado antes del 31 de diciembre de este año.
Císcar, que
no ha querido precisar qué empresas serán las primeras que se verán afectadas por esta reducción de personal, ha insistido en que la situación de la Tesorería de la Generalitat "no permite mantener la dimensión del sector público" que hay en la actualidad.
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