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El Real Zaragoza sale del concurso de acreedores

La juez aprueba la propuesta de convenio anticipado presentada por la SAD y se pone en marcha el procecimiento por el que, en 8 años, la entidad deberá sanear su millonaria deuda.

Junta de accionistas del Real Zaragoza
El Real Zaragoza sale del consurso de acreedores
ARáNZAZU NAVARRO

La juez María Carmen Villellas Sancho, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, ha firmado la sentencia por la que acuerda aprobar la propuesta de convenio anticipado presentada en su día por el Real Zaragoza SAD, por lo que cesa a todos los efectos la declaración de concurso de acreedores al que acudió la entidad zaragocista en junio del año pasado para acometer el pago de una deuda global superior a los 145 millones de euros.

Esta sentencia culmina un largo proceso que ha requerido el apoyo de más del 50% de los acreedores ordinarios de la sociedad y que, tras obtenerse el mismo en el plazo estipulado, ha debido de esperar a la resolución de los diversos recursos particulares presentados en la fase común por aquellos acreedores que no estaban de acuerdo con las cifras de deuda publicadas en primera instancia por la administración concursal.

De este modo, el Real Zaragoza SAD finaliza con éxito un delicado proceso que no tiene precedentes en el fútbol español, ya que apenas ha vivido 11 meses en situación de concurso y ha saldado con éxito la propuesta de solución del mayor concurso de acreedores en volumen económico de cuantos han sido presentados en el ámbito del balompié de nuestro país desde que en 1991 entró en vigor la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

A partir de ahora, se pone en marcha un minucioso y delicado calendario de pagos que, si el equipo permanece en Primera División, deberá concluir dentro de 8 años. Si, por el contrario, el Real Zaragoza descendiese a Segunda División, bien este mismo domingo o bien durante ese periodo acordado con más del 53% del volumen de acreedores que han apoyado la propuesta rubricada por la juez, están establecidos unos clausulados de suspensión temporal de dicho calendario de abonos que podrían ampliar el procedimiento hasta a 12 años.

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