Un consenso que no llega
Lejos de rebajar la tensión, y sin que aún hubieran transcurrido ni veinticuatro horas desde que se diera a conocer que España organizará el Mundial de fútbol de 2030, las diferencias públicas entre PP y PSOE seguían firmemente instaladas.
Mientras la portavoz socialista en el Ayuntamiento zaragozano, Lola Ranera, solicitaba una comisión de investigación motivada por "las falsedades y mentiras del PP tras su fracaso estrepitoso" en la construcción de la nueva Romareda, sus compañeros en las Cortes se expresaban indignados tras las declaraciones del presidente Jorge Azcón, quien al resumir las razones de la última judicialización sufrida por el proyecto señaló que el "PSOE ofreció la munición y Podemos disparó". La gresca, en este caso parlamentaria y alejada de toda sutileza, seguía frenando buena parte del impulso que una oportunidad como el Mundial ofrece a Zaragoza. Sin preguntarse por la imagen que estas diferencias políticas proyectaban hacia el exterior (FIFA, RFEF, etc.), la construcción del nuevo estadio seguía sin activarse. Así finalizaba la semana.
Junto al desiderátum de la búsqueda de la pretendida unidad política, el último mensaje lanzado por el Ayuntamiento de Zaragoza insiste en que aún se está a tiempo de construir el nuevo campo de fútbol. Si no hay más sorpresas –pocos esperaban que el anuncio de la designación de España se conociera con tanta anticipación–, la decisión final sobre la relación de ciudades que albergarán el campeonato todavía tardará unos meses. Pese a que la complicación se centra en alcanzar el más amplio de los consensos institucionales posibles entre el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital, el temor se sitúa en obtener las garantías políticas necesarias que eviten una nueva judicialización.
Resulta muy difícil despejar todas las incógnitas, aunque la aparición de Ibercaja como un inversor financiero local, en especial por su naturaleza coadyuvante, puede permitir que las partes terminen alineándose. La presencia de Ibercaja ayudaría, tanto por solvencia como por alcance, a que el proyecto contase con una añadida credibilidad financiera que podría servir, a su vez, de arrastre a otros operadores. Aunque la aproximación de la entidad a la construcción del campo aún se encuentra en el terreno del anuncio de su disposición a estudiar la propuesta liderada por el Consistorio, no se descarta que, bien en las tareas de financiación o formando parte de la futura sociedad e, incluso, con una fórmula mixta, termine completando un círculo de gestión público-privado donde también se encontraría el Real Zaragoza.
Con la preocupación por cuadrar los plazos, condicionados tanto por las exigencias de las obras de construcción como por los requisitos de la FIFA, las negociaciones continúan sin resolver la postura última del PSOE. Resulta muy difícil pensar que las administraciones no alcancen un acuerdo, al igual que parece bastante inverosímil que el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, dé la espalda al estadio. Como suele ocurrir en política, todo pasa por encajar los protagonismos, también los del PSOE municipal, aunque Sánchez Quero tiene ante sí una oportunidad que, hábilmente gestionada, puede permitirle reposicionar a su partido y asentar la aragonesa cultura del pacto, últimamente fracasada en proyectos que también contaban con el marchamo de estratégicos.
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