A la espera de que se concrete la reunión solicitada para esta semana con el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, para desbloquear el conflicto existente entre el Real Zaragoza y el fisco, el club aragonés observa con sorpresa algunas resoluciones en las que dicho organismo público actúa con una flexibilidad inexistente en las negociaciones referentes a la deuda contraída por la entidad futbolística. Un agravio que causa cierto estupor, teniendo en cuenta la férrea voluntad expresada por los dirigentes zaragocistas de hacer frente a las cantidades adeudadas. 

Por ejemplo, el pasado 26 de septiembre se hizo pública la firma del convenio del concurso de acreedores de la inmobiliaria aragonesa Nozar, aprobado por el 76,6% de los acreedores. Sus votos a favor, que representaban el 27%, resultaron decisivos para superar el 50% necesario. Un acuerdo basado en la excepcional –por poco común– adhesión de Hacienda al mismo, del que era el principal acreedor, con 88,8 millones de euros calificados como privilegio general y 88,3 millones de euros como ordinario. De no haberse producido este refrendo, el grupo empresarial se hubiera encaminado irremisiblemente hacia la liquidación. 

Hechos como el mencionado, animan al Real Zaragoza a redoblar esfuerzos para entablar un diálogo fluido y para tender puentes con la Agencia Tributaria para aplazar y diseñar un nuevo calendario de pagos para los 25 millones de euros reclamados. 

Dicho plan consiste en abonar un millón de euros anuales –más sus correspondientes intereses de demora– mientras el equipo permanezca en Segunda División. En cuanto se logre el ansiado ascenso a Primera División, se sufragará "de forma acelerada" la deuda en un máximo de ocho años, un plazo muy inferior al que se ha concedido a otros clubes de fútbol españoles. Esta es la propuesta que se le trasladará a Santiago Menéndez en el encuentro que se espera realizar esta misma semana. 

En referencia a esta cita, Fernando Sainz de Varanda, vicepresidente zaragocista, mostró ayer un moderado optimismo. "Estamos seguros de que políticamente se encontrarán unas soluciones distintas a las efectuadas hasta el momento por el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria", manifestó. 

Pese a los múltiples requerimientos para concertar un encuentro conciliador, la Agencia Tributaria señaló ayer en cambio que "no existe ninguna reunión concertada ni ninguna solicitud efectuada por parte del 

Real Zaragoza con el director del organismo".Una losa histórica

Los compromisos con el fisco constituyen una de las losas más apremiantes que ha heredado la Fundación 2032 al acceder a la dirección de la institución. 

Buena parte de la deuda acumulada con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) viene desde la creación de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD), a principios de los años noventa. En el traspaso de títulos en favor de Agapito Iglesias, que tuvo lugar en junio de 2006, se informó de que la cifra ascendía a 24 millones de euros. Gran parte procedía de una serie de cantidades que Hacienda consideraba que la entidad blanquilla –imitando a otros clubes– defraudaba encubriendo salarios reales detrás de contratos mercantiles por derechos de imagen (que tienen un porcentaje de retribución fiscal menor que un contrato laboral) de diferentes futbolistas que llegaban de Sudamérica. Ese procedimiento, repetido durante varios años fue acumulando esos 24 millones mientras las denuncias cruzadas seguían su camino legal sin una resolución final. 

El Real Zaragoza llegó al verano de 2011 debiendo alrededor de 35 millones de euros. Aquel año, en el marco del concurso de acreedores, se alcanzó una entente de aplazamiento con el jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Aragón. Estipulaba el pago de un importe de 278.292 euros mensuales durante los primeros cuatro años y, alcanzado el cuarto año –junio de 2015–, se debía renegociar el calendario de pagos del importe pendiente a abonar por el club en otro cuatrienio. Incluso se preveía la revisión de los términos si el equipo descendía a Segunda División. 

Sin embargo, tras consumarse el descenso en 2013, se retocó dicho calendario. Se estableció el pago de un millón de euros para el ejercicio 2013-2014 y se anticipó la fecha de vencimiento de toda la deuda –inicialmente fijada el 30 de junio de 2015– al 5 de septiembre de 2014. Una obligación imposible de digerir por un equipo que permanece en Segunda División.