La gestión de índole deportiva durante los cinco años del agapitismo es, inequívocamente, el principal germen nocivo que ha llevado al Real Zaragoza al estado de insolvencia actual.De los casi 134 millones de euros que recoge el listado de acreedores reconocido por la SAD en la documentación presentada ante el Juzgado para solicitar el consurso voluntario de acreedores, el 42,2 por ciento se fundamenta en las decisiones que surgieron desde el área deportiva tras la llegada al club de Agapito, con sus responsables Miguel Pardeza, Antonio Prieto y Pedro Herrera (este en la totalidad del periodo) a la cabeza.

Las deudas a otros clubes componen el grupo mayor de los débitos, casi 34,5 millones de euros. Lo que se debe a los futbolistas que por aquí han pasado, así como a varios profesionales que ocuparon puesto en el cuadro técnico, alcanza casi los 15 millones. Y lo que el Real Zaragoza no ha pagado aún a los representantes, agentes e intermediarios que participaron en todas las gestiones se va más allá de los 7,5 millones. Es el fruto de una política errática que se basó en acudir al mercado pagando traspasos descomunales, en muchos casos por encima de lo que el sentido común y el mercado aconsejaban y, en última instancia, utilizando maniobras de dudosa legalidad en su momento que han acabado catastróficamente para los intereses blanquillos. El caso de Ayala es el más paradigmático; el de Oliveira, recién caídos a Segunda, el más injustificable. El de Matuzalem, el más grave con diferencia y que va a costar muy caro: 13 millones. Pero hay muchos más. Solo hay que dar un somero repaso a la lista adjunta de acreedores para observar e intuir salarios y fichas de auténtico disparate en futbolistas que nunca dieron el nivel que los números de sus contratos avalaban.

Las operaciones deportivas del último lustro son el origen principal del actual desastre societario. Una penosa elección de las plantillas por parte de los ejecutivos de turno. Una dudosa efectividad a la hora de rematar el precio justo de cada operación. La adjudicación de unos topes salariales muy por encima de lo que un club del tamaño del Real Zaragoza admite. Y, como colofón, la carcoma de los agentes que participaron en cada fichaje. Todo ello ha repercutido directa y nocivamente en que el Zaragoza se halle sumido ahora mismo en el mayor concurso de acreedores del fútbol español en toda su historia.

A partir de ahí, ha venido todo lo demás. Los graves problemas para cumplir con el erario, Hacienda y la Seguridad Social, que suponen el 25 por ciento de la deuda real. La imposibilidad de hacer frente a tiempo a los pagos que la competición exige, tanto en la Liga de Fútbol Profesional como en la Federación. O a los imperiosos gastos médicos. Las cifras que se muestran en la lista de morosidad presentada por el propio Real Zaragoza a la juez son cristalinas y no necesitan mayor abundamiento.

Y, como derivación final de esta cadena letal, aparecen los impagos progresivos a un ingente volumen de proveedores de decenas de sectores empresariales y comerciales que, in extremis, han obligado a Agapito Iglesias a aportar dinero propio procedente de una serie de empresas participadas por él (varias, como Esmeralda o Zaragoza Real Estate, también con títulos del propio Real Zaragoza SAD).

Ni aún así ha sido suficiente. La espiral tóxica de la negativa gestión, esa que ha degenerado en el concurso de acreedores tras cinco años dando tumbos, también ha obligado a Iglesias a aumentar inevitablemente el gasto en asesorías, defensa judicial y acciones relativas al derecho que hacen que la lista de acreedores de ese ámbito también sea harto llamativa.