Tendemos a identificar la inclusión social de las personas con discapacidad con su participación en el mercado de trabajo, pero esto no siempre tiene por qué ser así. Ese análisis, aunque en muchos casos pueda ser acertado, en otros supone simplificar una realidad más compleja. Fundamentalmente, tenemos que conceptualizar la discapacidad intelectual y del desarrollo no sólo en clave de las características ‘normalizadas’ de la persona, sino también a partir de la interacción con su entorno comunitario. Por lo tanto, la inclusión social de la persona con discapacidad será posible no sólo a partir de su capacidad para desarrollar su proyecto vital en la comunidad, sino que también requiere el compromiso real de la sociedad para generar el contexto y los apoyos que faciliten estos procesos.

A mi entender, la inclusión social no se inicia en el momento de la incorporación al mercado laboral, ni siquiera cuando las personas comienzan a formarse para acceder al empleo. Para mí, el proceso para la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y discapacidades del desarrollo comienza en sus primeros años de vida, con los programas de estimulación precoz (atención temprana) y en el entorno educativo, tan valioso en la educación especial cómo en la educación ordinaria. Ambos espacios -atención temprana y educación- van a condicionar de forma relevante la interacción social de estas personas a lo largo de su vida.

En este proceso es justo valorar el esfuerzo de las familias, también traducido en sobreesfuerzo emocional y económico, para acompañar la vida de sus hijos e hijas y afrontar las terapias y recursos sociales que requerirán; del trabajo desarrollado por entidades sociales; pero, sobre todo, de la inigualable capacidad de superación de las personas con discapacidad. Lógicamente, la inclusión social sólo se logrará con el compromiso de la sociedad para facilitar estos procesos, tanto desde las administraciones públicas cómo del sector privado y de la ciudadanía.

Para facilitar la inclusión, la sociedad tiene que poner en valor y apreciar las capacidades de las personas con discapacidad, que las tienen, y muchas. Las administraciones tienen que superar definitivamente los modelos anclados en la intervención asistencial. El nuevo modelo de Planificación Centrada en la Persona requiere más recursos económicos (servicios más especializados, mejores ratios de personal, equipos profesionales mejor dotados y mejores condiciones laborales), pero sobre todo requiere la definición de un nuevo paradigma por los responsables políticos, a todos los niveles, para enfocar la inclusión como un proceso que dura toda la vida. Un proceso en el que todas las personas tenemos el derecho y la voluntad de desarrollar nuevas capacidades, aprender y, sobre todo, potenciar la autonomía personal, las habilidades de la vida diaria y la capacidad de decisión, con independencia de las características de cada individuo y todo ello sin poner en riesgo su seguridad personal e integridad.

En la práctica, esto requerirá que nuestro modelo de servicios sociales dirigido a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo deba evolucionar del modelo asistencial a otro que, con independencia de que pueda incluir recursos sociales permanentes, también contemple itinerarios que aporten flexibilidad a los recursos que necesitan todas las personas a lo largo de su vida. Las personas no necesitamos los mismos apoyos a los dos años, que a los veinte o a los ochenta. Es algo obvio. Sin embargo, en las personas con discapacidad damos por hecho que necesitan lo mismo a los veinte años que a los ochenta, y eso no es así. El Gobierno de Aragón dispone de buenas herramientas para abordar esta realidad, con la Ley de Servicios Sociales de Aragón, el Catálogo de la Dependencia y el acuerdo marco de discapacidad. Sin embargo, debe afrontar un reto a corto plazo: revisar el diseño del Catálogo de Dependencia y del Acuerdo Marco antes mayo del 2023.

Por último, pero no menos importante, el nuevo paradigma inclusivo que debe que diseñar la sociedad ha de garantizar la formación a lo largo de la vida y el acceso inclusivo a la cultura, al ocio y al deporte. Debemos diseñar un modelo inclusivo que propicie el conocimiento y el desarrollo de capacidades, así como la participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en actividades culturales, de ocio y deportivas, en su entorno comunitario, potenciando la interacción con personas que no necesiten apoyos. Esto también requerirá romper con la infantilización que en muchas ocasiones sufren estas personas y potenciar que realicen actividades coherentes con su edad y a sus características cognitivas, mentales y físicas.

La inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es un reto con el que debe comprometerse el conjunto de la sociedad.