Nunca antes fue tan fácil conseguir un visado para viajar a Guinea Ecuatorial. Las autoridades isleñas dieron orden a sus funcionarios en la destartalada embajada madrileña de acelerar los trámites burocráticos.

Un grupo reducido de periodistas españoles viajamos a la antigua colonia española para cubrir un consejo de guerra contra 117 acusados (cuatro de ellos de nacionalidad española) de terrorismo y otros delitos a los que se les aplicaban el código de justicia militar franquista con algunas modificaciones.

El recibimiento en la capital Malabo fue de alto nivel. El ministro de Información, Lucas Nguema Esomo, perteneciente al clan del presidente Teodoro Obiang y antiguo estudiante en la Academia Militar de Zaragoza, nos reunió en una sala aeroportuaria para darnos unas pautas esenciales.

Tras echarle un rapapolvo de aúpa al enviado especial de la agencia EFE por escribir una crónica antes del inicio del juicio, nos aseguró que la intención del gobierno era permitir que “vuestra misión se desarrolle sin traumas como ha ocurrido en otras ocasiones”.

También insinúo que los periodistas deberían pagar por las informaciones que iban a realizar. “Disculpe, ministro, en mi vida he pagado y tampoco lo haré aquí. Si quiere que me vaya dígamelo antes de que salga el avión hacia Madrid”, le espeté sin pensármelo dos veces. Después de una tensa discusión el ministro aseguró que se había tratado de un malentendido. Antes de irnos a nuestro hotel nos recordó que “la figura de Obiang no podía ser cuestionada porque habría represalias”.

Por la mañana fuimos temprano al cine Marfil, donde se iba a celebrar el macrojuicio, después de saber que el enviado de Efe había sido retenido en un cuartel policial durante una hora y media y todas sus notas y grabaciones revisadas y descifradas por los servicios de seguridad.

Detenidos llegan a la sala del juicio en Malabo escoltados por soldados. Fotografia de Gervasio Sánchez

Los acusados llegaron en camiones militares en diferentes tandas custodiados por militares. El presidente del tribunal marcial, Santiago Mouma, ordenó que decenas de ellos fueran a buscar ropas más apropiadas, y suspendió el inicio del juicio durante tres horas. Aproveché la demora para regalarle varios ejemplares de Heraldo de Aragón. Pasamos un buen rato recordando los años que vivió en Zaragoza estudiando su carrera militar.

Cada mañana le saludaba y le volvía a pedir permiso para moverme por la sala con libertad. Durante el juicio jamás interrumpió mi trabajo y pude fotografiar a los acusados mientras declaraban a menos de un metro de distancia. Pocas veces he trabajado con tanta facilidad como durante aquella semana guineana.

Algunos detenidos presentaban huellas evidentes de haber sufrido malos tratos y torturas. Unos tenían rotas las mandíbulas, otros mostraban huellas de quemaduras en piernas, manos y pechos. Tres tenían cortes en las orejas. El ministro Nguema aseguró después que tenían que ver con costumbres étnicas o defectos de nacimiento de los acusados.

Las principales pruebas contra los prisioneros de la etnia bubi eran unos viejos mosquetones destartalados, varias pistolas inutilizadas, un bote pequeño de nescafé, varios paquetes de cigarrillos de una marca local que parecían comprados esa misma mañana, gasas, vendas y algodón. Era difícil creer que aquellas armas hubiesen servido para iniciar una rebelión.

El fiscal militar presentó los sucesos como una conspiración internacional en la que habían participado antiguos ex militares nigerianos que presentaban evidentes señales de tortura y ex legionarios españoles. Todo parecía ir de acuerdo con el guión hasta que intervino un teniente coronel como abogado de oficio de algunos procesados. Puso en duda las garantías procesales del juicio, algo que le costó varias llamadas al orden del presidente y miradas inquisitivas por parte de los jefes policiales que vigilaban desde los primeros asientos.

Mi primera crónica en directo a la cadena Ser fue escuchada por varios policías que vigilaban en el hall del hotel. Utilice por primera vez la palabra esperpento y recibí varios insultos. Un grupo de personas empezó a hacer ruido de forma intencionada. Después le pedí al embajador que me permitiese mandar mis crónicas telefónicas desde la legación española.

Durante los días siguientes el presidente del tribunal intentó acortar los interrogatorios y acallar las denuncias de los acusados. Uno de ellos tuvo la valentía de indicar los nombres de sus torturadores que estaban en la sala y se mofaban de su testimonio. Otro aseguró que esas mismas personas le habían obligado a beberse su orina.

Un encausado muestra cortes en una de sus orejas producto de las torturas. Fotografía de Gervasio Sánchez

El interrogatorio del líder bubi Martín Puyé subió el tono de las denuncias. Acusó a sus interrogadores de torturarle y robarle y afirmó que la mayoría de los acusados era prisioneros de conciencia que jamás habían usado la violencia para reivindicar sus derechos. En la sala había dos miembros de la organización humanitaria Amnistia Internacional que presentaron semanas más tarde un informe demoledor sobre el juicio.

La vista acabó el viernes con la petición del fiscal de 18 penas de muerte y la absolución de los cuatro ciudadanos españoles de origen guineano. El presidente tuvo que utilizar un megáfono para poner fin a aquella pantomima al irse la luz por enésima vez.

Nuestra idea era esperar hasta el lunes y luego darnos una vuelta por la isla para saber de primera mano cómo se vivía en la Guinea del interior. Pero antes de la hora de comer nos informaron que teníamos que abandonar el país al día siguiente: “Os mandaremos la sentencia por fax, no os preocupéis”, nos dijo el ministro de Información. Nos negamos a irnos hasta que el embajador español Jacobo González Arnao nos confirmó que la orden venía del propio presidente Obiang y era imposible contravenirla.

El lider bubi Martin Puye declara durante el juicio militar. Fotografía de Gervasio Sánchez

Escribimos nuestros últimos reportajes y después nos dirigimos a la mansión de un maderero español que nos había invitado a una fiesta nocturna. Había centenares de personas. Uno de los empresarios españoles invitados nos recriminó nuestro comportamiento: “Ustedes los periodistas provocan el enfado del régimen y nosotros pagamos la consecuencias cuando se van”. No valía la pena discutir porque los “dichosos derechos humanos” no tenían importancia para personas como aquella.

¿Por qué un régimen se gastaba millones de dólares en mejorar su imagen internacional y luego echaba a un reducido número de periodistas al mismo tiempo que les decía que “ya no nos importa la basura que escribís sobre nosotros”. ¿No hubiera sido más coherente impedir la entrada en el país a todo aquel que solicitase un visado?

Al día siguiente nuestro ministro favorito, el de Información, nos acompañó hasta la puerta del avión. Los periódicos españoles abrían sus portadas con nuestra expulsión. La tripulación de Iberia nos recibió como si fuéramos héroes y nos invitó a consumir lo que quisiéramos. Pero nosotros sólo queríamos botellas de agua y dormir a pierna suelta.

El juicio que mostró la cara de Guinea (1) Publicado el 31 de mayo de 1998

El juicio que mostró la cara de Guinea (y 2)