Bogotá (Colombia)

Hace nueve años volé muy temprano desde Cali a Medellín para realizar mi primer reportaje en Colombia sobre los desaparecidos. En dos días conseguí entrevistar en profundidad a más de una docena de familiares. El resumen de aquel trabajo se publicó en un dominical en doce páginas. El año anterior se habían denunciado 660 desapariciones forzosas por motivaciones políticas.

Las respuestas de algunos amigos periodistas cuando les manifesté mi sorpresa ante un número tan elevado de desaparecidos en un estado democrático fueron unánimes: las cifras están infladas, las organizaciones de víctimas están muy politizadas y manipulan los datos, estas mentiras dañan a nuestro país.

Desde hace cinco años existe una Ley de Justicia y Paz en Colombia aprobada por el partido del presidente Álvaro Uribe y rechazada frontalmente por la oposición. Para muchos colombianos sólo sirve para legalizar la impunidad de los grupos paramilitares. Si confiesan sus crímenes y ayudan a recuperar los restos de los desaparecidos, los beneficios judiciales son muy elevados. Con las reducciones de penas por buen comportamiento verdaderos asesinos sólo pasarán unos cuatro años recluidos aunque tengan decenas o centenares de crímenes en sus espaldas. Objetivamente, la ley es muy injusta, maltrata a la justicia e indigna a los familiares de las víctimas.

Su aprobación obligó a crear una fiscalía especial. La caja de Pandora de los crímenes colombianos se abrió y ya nadie podrá cerrarla. Ni siquiera un fiscal general pudoroso con los intereses de los poderosos.

Casi cuatro mil combatientes de los grupos paramilitares derechistas y más de 200 guerrilleros izquierdistas han aceptado colaborar con este organismo. La mitad ya han prestado declaración y centenares de testimonios están en proceso de verificación.

Los datos son escalofriantes. En los más de 31.000 hechos delictivos confesados hay más de 43.000 víctimas, entre ellos 2.500 niños y 2.300 mujeres. Las confesiones han permitido exhumar 2.600 cadáveres encontrados en más de dos mil fosas.

A diferencia de otros países, las fosas colombianas apenas contienen uno o dos cuerpos de media y están diseminadas a lo largo de todo el territorio nacional, lo que convierte su búsqueda en una empresa titánica. La fosa más grande encontrada hasta la fecha es de 22 cuerpos.

Un tercio de los restos encontrados han sido entregados a los familiares, otro tercio están a la espera de los resultados de los laboratorios y el resto está guardado en bodegas en diferentes ciudades del país. Los equipos de antropología forenses y de genética trabajan a destajo para acelerar los trámites de identificación.

La fiscalía decidió organizar las llamadas jornadas de atención a las víctimas municipio por municipio. El miedo de los familiares y su desconfianza endémica en las instituciones del estado provocaron dificultades al principio. “Llegamos a municipios muy aislados y nadie quería hablar”, recuerda el fiscal Luis González, jefe de la Unidad de Fiscales de Justicia y Paz. “Pero hoy tenemos que extender nuestra estancia varios días más de los programados ante la llegada masiva de personas dispuestas a denunciar los hechos y darnos una información valiosísima, incluidas muestras de sangre, indispensable para solucionar los miles de casos pendientes”, asegura.

Más de setenta mil víctimas han prestado su testimonio ante esta fiscalía. Un 60% jamás había hecho la denuncia. Las listas de desaparecidos ya superan los 27.000. “No me queda dudas de que llegaremos a los 40.000 y todavía faltarán los desaparecidos de los grupos insurgentes de izquierda”, afirma el fiscal González.

Colombia va camino de superar a Guatemala, Argentina o Haití, que hasta la fecha eran los países con más desaparecidos de América Latina, y convertirse en el segundo país del mundo después de Irak afectado por este gravísimo problema.

El primer caso de desaparición forzosa documentado en Colombia es el de la bacterióloga Omaira Montoya Henao, de la que no se sabe nada desde el 9 de septiembre de 1977. La joven, que padecía una afección cardiaca y estaba embarazada de varios meses, fue detenida junto a su compañero Mauricio Trujillo por una unidad de inteligencia militar. Éste fue torturado, procesado en juicio por un secuestro que no cometió y condenado a siete años.

Omaira encabeza oficialmente una larga lista de desaparecidos que implica a todos los gobiernos democráticos colombianos desde Alfonso López Michelsen hasta Álvaro Uribe. La desaparición forzosa ha sido una práctica habitual en Colombia utilizada preferentemente por los organismos del Estado y los grupos paramilitares. Los grupos insurgentes también están implicados en esta práctica horrenda aunque en menor medida.