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LA COBARDIA DE LOS POLITICOS DEBILES

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Cada día asistimos a un espectáculo cansino y bochornoso protagonizado por los representantes de los dos partidos mayoritarios. PSOE y PP están ensartados en un continuo intercambio de insultos y descalificaciones que monopolizan la vida política de este país.

Acaparan portadas de diarios y engullen el minutado radiofónico y televisivo con una desfachatez inquietante y la aquiescencia de los responsables de los medios de comunicación. “Estamos hartos de esta situación y nos gustaría quitarles el micro”, me explican mis mejores amigos, algunos con mando en plaza. Es decir con poder relativo para tomar decisiones.

Pero nadie se atreve a dar un paso adelante y todo sigue igual día tras día como si el inútil combate de ideas tuviese que ser monopolizado por los soporíferos y mal hablados políticos de las dos formaciones mayoritarias.

Cualquier observador mal informado podría pensar que no se ponen de acuerdo ni para darse los buenos días. Pero no es así. Algunos políticos admiten que se llevan bien en el plano personal con sus más encarnizados enemigos. Pueden ladrarse e insultarse en público y luego irse de tapas como si la cosa no fuese con ellos. Me imagino que se enseñarán las fotos de los hijos y hablarán de la barbacoa del último domingo.

Parafraseando a Woody Allen “la cosa sí funciona” para algunos asuntos entre nuestros imperecederos políticos. PP Y PSOE son muy amigos cuando se trata de acordar temas relacionados con las cloacas de la política y las vergüenzas morales y éticas.

Por ejemplo, si España decide traficar más e impulsar el negocio de la venta de armas no hay problema en decretar una moratoria verbal. El tema desaparece de la agenda de los insultos y la opinión pública se queda a dos velas. Con la solidaridad y el beneplácito de la mayoría de los medios de comunicación tantas veces dispuestos a abrir el micro para las tonterías más retóricas y cerrarlo para aquellas decisiones que nos deberían sacar los colores.

Por ejemplo, el 6 de octubre los senadores socialistas y populares aprobaron amigablemente una propuesta para limitar el ejercicio de la justicia universal. Meses antes, “la cosa también había funcionado” en el Congreso de los Diputados cuando sus señorías se pusieron de acuerdo para enterrar definitivamente las veleidades de algunos jueces españoles obsesionados por  tramitar querellas contra autores de crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Algunos ya habían preparado el caldo de cultivo al criticar a España por convertirse en “el gendarme judicial del mundo”. A partir de ahora sólo se podrá investigar cuando exista una conexión nacional, es decir que haya  víctimas españolas involucradas en los hechos.¡Para una vez que liderábamos una clasificación por razones que nos deberían llenar de orgullo a todos los españoles!

Entre las vergonzosas excusas expuestas para dejar en el desamparo a las víctimas se ha utilizado el supuesto colapso de la justicia. Antonio Segura y Raúl Maíllo, abogados que participan en procedimientos por crímenes de guerra y jurisdicción universal, han asegurado que esa razón es insostenible porque “estamos hablando de una docena de procedimientos, el 0,0005 de los asuntos pendientes en la judicatura española”.

Lo que verdaderamente ha ocurrido es que el estado español se ha dejado presionar por gobiernos foráneos con los que mantenemos unas excelentes relaciones comerciales. Los problemas políticos y económicos que nos generan el activismo de nuestros jueces han convencido al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a los dos partidos mayoritarios de la necesidad de cortar la cabeza a la tenia judicial.

Durante unos cuantos años pudimos perseguir a Pinochet y a los criminales argentinos. Pero como dice el abogado Carlos Slepoy “el límite se sobrepasó cuando se pretendió enjuiciar crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos por los chinos en Tíbet, los israelíes en Gaza y los estadounidenses en Guantánamo”.

La bomba, cuya onda expansiva ha conseguido frenar la búsqueda de la justicia internacional, la lanzó el juez Fernando Andreu cuando el 20 de enero de este año decidió abrir una investigación contra siete responsables políticos y militares israelíes por crímenes de guerra.

Se trató de enjuiciar una operación militar realizada en 2002 contra Salah Shehadeh, el ex jefe militar de Hamas en la franja de Gaza. La bomba de una tonelada lo mató junto a otros catorce civiles, en su mayoría niños pertenecientes a su familia. Las casas vecinas fueron total o parcialmente destruidas.

La denuncia ante la Audiencia Nacional había sido interpuesta unos meses antes por seis víctimas palestinas ante la imposibilidad de “emprender acciones penales ante las autoridades judiciales israelíes”.

Nuestros políticos son débiles y cobardes cuando se someten a presiones foráneas, apadrinan leyes que blindan a los criminales y desprotegen los derechos inalienables de las víctimas. Estos encubridores de delitos de lesa humanidad que no prescriben deberían mirarse al espejo y pensar, como ha escrito el abogado Carlos Slepoy, si “la obediencia partidaria puede llegar hasta el punto de traicionar los sentimientos y los principios que sostienen la lucha por la justicia universal”.

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