La polémica sobre el impuesto de sucesiones y donaciones ha saltado a los medios en muchas ocasiones en los últimos meses. Las diferencias entre comunidades autónomas, unida a la reducción de algunos tributos en diversas zonas, como Andalucía, y el estancamiento en otras, como Aragón, han ocasionado un gran debate sobre la pervivencia y regulación de dicho impuesto. Sin embargo, esta polémica no es nueva. En 2011, Ilex Abogados realizó un estudio sobre la discriminación que suponía la regulación de este impuesto para los aragoneses, siendo los primeros en presentar una queja formal ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo. El despacho, con amplia experiencia en el sector (más de 1.000 casos de herencias en los últimos diez años), ha firmado un convenio con la asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía para seguir trabajando en esta regulación, sobre la que ya se han pronunciado el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

“Los aragoneses estamos discriminados con respecto al resto de españoles, ya que pagamos cuando otros no lo hacen”, afirmaba el director del departamento de Herencias y Sucesiones de Ilex Abogados y profesor de Economía y Derecho Civil, José Luis Artero Felipe. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas para su regulación. Cada una tiene la posibilidad de establecer deducciones que pueden llegar hasta la casi anulación del impuesto, de ahí que exista una disparidad territorial. En Aragón, la Comunidad tiene una normativa distinta al resto del país que varía en diversos aspectos, entre los que se encuentran las herencias y las donaciones. “Esta legislación foral permite un gran margen de libertad, sin embargo, este se ve coartado por el impuesto de sucesiones, que condiciona la natural libertad de testar y discrimina respecto a otras comunidades”, explica Artero.

Esta presión fiscal, que en el caso de Aragón tiene unas deducciones menores a otras comunidades, tiene en cuenta varios factores, no solo el capital heredado, sino también el parentesco con el causante y el patrimonio preexistente del que hereda. El gravamen varía en función del grado de parentesco, siendo de primer y segundo grado, los familiares directos; de tercer grado, los colaterales, y de cuarto, los extraños. “No es un tipo impositivo fijo, sino progresivo. El tipo máximo es del 34%, pero sin tener en cuenta los coeficientes multiplicadores, que en el caso de los herederos indirectos se multiplica por dos”, argumenta el abogado. “Estos valores tienen un altísimo grado de inequidad que penaliza a las clases medias, a las ahorradoras y a las trabajadoras. En Aragón, la muerte del padre, la madre o el cónyuge puede suponer la desaparición de parte del patrimonio”.

Renuncias de las herencias

Solo en 2017, se registraron en Aragón casi mil renuncias de herencias. Según Artero, este rechazo de casi un 10% se debe a dos factores: por un lado, a las herencias deficitarias, en las que el capital pasivo es mayor que el activo, y por otro, a las renuncias por no poder afrontar pago de impuestos. “Aunque no es una relación directa se ha observado que a mayores impuestos, mayor es la repudiación”, apunta el letrado. Este impuesto, que según explica el profesor, “penaliza el ahorro”, se trata de una medida “ideologizada que se observa en función de quién gobierna en las diversas Comunidades”.

Ante la complejidad de los procesos hereditarios, existen ciertas dudas y desconocimientos comunes. “No es que la gente no tenga conocimientos sobre los procesos de herencia, sino que, en ocasiones, se tiene una idea equivocada, se habla en términos de derecho común que ni siquiera se pueden aplicar a Aragón. Por eso es importante contar con el asesoramiento adecuado para procesos de esta área como divisiones judiciales de patrimonios o herencias, interpretación o impugnación  de testamento, cláusulas oscuras o impuestos sobre herencias”, finaliza.