A pesar de que las medidas alternativas a la prisión han demostrado una gran efectividad para reducir los índices de delincuencia y potenciar la reinserción, la realidad es que la falta de recursos hace imposible cumplirlas y muchas de ellas prescriben o están a punto de hacerlo.

En estos momentos, solo en la provincia de Zaragoza hay 4.000 personas condenadas a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, tan solo hay cien plazas para cumplirlos. Esto, a la postre, se traduce en impunidad y, como recordó ayer el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, "no hay nada peor que una pena que no se pueda cumplir".

El magistrado participó ayer en la presentación que hizo el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, de un estudio sobre los problemas y alternativas en el cumplimiento penitenciario, que ha sido coordinado por la institución y elaborado por el psiquiatra José María Civeira, el forense Paulino Querol y el propio Ángel Dolado. En el extenso informe también se reflejan las necesidades asistenciales de la población que tiene un alto riesgo de delinquir.

El Justicia, tras aclarar que ninguno de ellos son "abolicionistas" de las penas de cárcel y que las consideran "necesarias" en los casos graves de delito y para determinados delincuentes, recordó que el coste medio de un recluso en España es "de unos 25.000 euros anuales". Este es un precio bastante más elevado que el que supondría aplicar las propuestas que hacen en el informe.

Por este y otros motivos, todos abogaron por las medidas alternativas a la cárcel, como la prevención del delito, la mediación penal, los tratamientos en estancias no penitenciarias o la atención a los enfermos mentales antes de mandarlos a la cárcel.

Para Manuel Becerril, delegado de Instituciones Penitenciarias para Aragón, Navarra y La Rioja, "no todo el mundo tiene que entrar en prisión" y debe ser "el último recurso". Explicó que en los últimos años las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad "han aumentado notablemente" y que de los 4.000 condenados en la provincia de Zaragoza, entre 1.000 y 1.200 lo han sido en el último año. Pero para que puedan cumplir su pena, debe haber plazas y "hace falta la colaboración de todas las instituciones públicas y un protocolo de actuación".

Los datos que arroja el estudio son muy significativos. Casi la mitad de los presos lo son por robos y el 50% se relacionan con el abuso de drogas. La mayoría de detenidos por agresiones, robos y violencia doméstica tienen en común el consumo de alcohol o estupefacientes, el aislamiento y el desempleo.

Respecto a los menores en conflicto, su número ha crecido (en Aragón fueron condenados 387 en 2008, el 40% por más de un delito), carecen de soporte familiar, consumen drogas y son víctimas del fracaso escolar. Para el Justicia, éste es el perfil favorable a la intervención precoz. Asegura, incluso, que con ella se reducirían a la mitad los ingresos en prisión. Además, calculan que entre un 25 y un 40% de las mediaciones penales serían eficaces, ya que surgen del diálogo y el acuerdo voluntario entre víctima e infractor.