Larraz asegura que los procedimientos de Plaza se ajustaban a la ley

El exconsejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, ha afirmado este martes que todos los procedimientos realizados en la sociedad pública de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) durante su etapa como vocal del Consejo de Administración, entre el 24 de julio de 2006 y el 24 de octubre de 2011 "se han ajustado a la Ley". Ha negado que el empresario Agapito Iglesias recibiera ningún trato de favor.

Larraz ha sido el último miembro del Consejo de Administración en comparecer este martes ante la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón sobre la gestión de Plaza. A preguntas de los miembros de la misma ha aseverado que, "por supuesto", recibía información suficiente y que "en absoluto" tuvo constancia de que se cometiera ninguna irregularidad. Nunca se le denegó la información que solicitaba.

Sobre los controles financieros ha señalado que "es muy difícil que un expediente esté perfecto" y que, en su etapa de consejero, cuando formó parte de varios consejos de administración de sociedades públicas, "siempre había algún problema", matizando que nunca se detectó ninguna "cosa importante" que no se solucionara en el control siguiente.

Sobre la adjudicación de obras, ha expresado que se hacían por concurso, mediante un tribunal y tras la emisión de un informe técnico, añadiendo que "cuando se toman decisiones siempre hay un informe técnico al que se acogen los que tienen que decidir".

Ha explicado que en Plaza había "dos líneas de seguridad", el control que realizaba un asesor jurídico y el que realizaba otra asesoría "específica", de tal forma que todos los procedimientos iban acompañados de un informe jurídico "y no se saltó en ningún momento la legalidad".

A estos controles se sumaba el control financiero de la Comunidad Autónoma a través de la Intervención General. "Yo no sé si habrá alguna empresa, incluida Plaza, que haga lo mismo o más de lo que estábamos haciendo en aquel momento".

Ha agregado que no ha estado en ninguna empresa que tuviera más controles que Plaza. Sobre el nombramiento de Ricardo García Becerril como gerente ha hecho hincapié en que fue designado con el acuerdo de los cuatro accionistas, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI.

CAI

Este martes han comparecido también los representantes de Caja Inmaculada, Elena Vivas, Joaquín Torres y Fernando Herrando, quienes han afirmado que se les daba la información suficiente en su etapa de vocales del Consejo de Administración.

Elena Vivas, que fue vocal entre julio de 2003 y marzo de 2004, no tuvo conocimiento de ninguna irregularidad, no se le denegó el acceso a ninguna información y "siempre" recibió las aclaraciones que solicitaba sobre determinados aspectos de la parte financiera de la sociedad.

Joaquín Torres, representante de CAI entre el 17 de julio de 2001 y el 4 de octubre de 2007, ha expuesto que "siempre se me ha dado" la información que ha solicitado y que no ha tenido "ningún problema". Torres no tiene constancia del incremento del coste de las naves que Codesport construyó para Autocity.

Por último, Fernando Herrando, vocal en Plaza desde 2004 a 2008, ha recalcado que la información que recibía era suficiente para tomar decisiones y que le pareció que todo se hacía "adecuadamente, conforme a derecho".