Ayuntamiento de Zaragoza

UGT pide el cálculo de los despidos por la reforma de la ley de Régimen Local

El sindicato recuerda que todavía está en vigor el pacto-convenio firmado por el Consistorio, por el que se comprometía al mantenimiento del empleo.

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado al Gobierno municipal socialista el estudio realizado por los técnicos municipales en el que se cifran en 745 los empleos que se perderían en el Consistorio por la modificación de la ley de Régimen Local.


En una nota de prensa, el sindicato recuerda que todavía está en vigor el pacto-convenio firmado con el Gobierno municipal y por el cual el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometía al mantenimiento del empleo.


Denuncia que lo que persigue el Gobierno de España con esta nueva ley es "destruir" empleo público, con lo que se incrementarían "de manera notable las ya de por si traumáticas cifras de desempleo" y se eliminarían los servicios públicos esenciales, para ser posteriormente privatizados.


Las mismas intenciones que, dice UGT, tiene el Gobierno de Aragón y que de llevarse a cabo lo que figura en el borrador de la nueva ley supondría el cierre del Albergue municipal, de la Casa de Amparo y de la Casa de la Mujer y la supresión del servicio de teleasistencia y la ayuda a domicilio.


Es decir, advierten, los servicios que atienden a los sectores sociales más vulnerables, además de que dejarían sin efecto las políticas de educación y empleo "las más necesarias en los momentos actuales", señala el sindicato.


La sección sindical de UGT confía en que el Gobierno de Zaragoza no lo permita y que no lo utilice para "colarnos de rondón estructuras organizativas como las entidades públicas empresariales, so pretexto de preservar los servicios públicos y el empleo amenazado por esta ley".


UGT defiende la supresión de las estructuras directivas que, denuncia, han contribuido "a la insostenibilidad de algunos servicios públicos" y aboga por la "internalización" de los servicios que se prestan a través de organismos autónomos y otros entes instrumentales, para simplificar la gestión, controlar las retribuciones de los altos cargos y garantizar el acceso al empleo a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.