La Asociación de Vecinos de Épila ha pedido al arzobispado de Zaragoza la retirada cautelar del párroco, Miguel Ángel Barco, ante la "alarma social" existente en la población por "los posibles abusos sexuales" cometidos a un seminarista.

La asociación efectuará esta solicitud mediante una carta, que entregará mañana al arzobispado.

En ella, se plantea esta medida como solución hasta que se aclare la situación, después de que saliera a la luz que el arzobispo de Zaragoza Manuel Ureña había renunciado al cargo obligado por la santa sede y no por motivos de salud, como adujo, y después de que hubiera pagado a un diácono, que pidió abandonar el sacerdocio, 60.000 euros netos.

Los vecinos de este pueblo, según la misiva, han criticado la "inseguridad e indignación" existente en la localidad, toda vez que ha hecho un llamamiento a la calma a los vecinos mientras actúan las autoridades eclesiásticas y civiles.

En la misiva, se pide al arzobispado "enérgicamente" la retirada cautelar del párroco de las funciones eclesiásticas que ahora tiene encomendadas ante las numerosas llamadas de vecinos preocupados por los "posibles abusos sexuales y entregas de dinero cuando menos sospechosas".

"Las acusaciones son graves", indica la carta, lo que está creando una gran alarma social en el pueblo, según la asociación, que plantea esta medida como "solución para calmar los ánimos".

"No dudamos que están llevando a cabo las averiguaciones que correspondan pero sería recomendable que aceptaran nuestra petición, al ser la más rápida y efectiva", concluye el presidente.

El arzobispado ha confirmado, en un comunicado, el pago de 60.000 euros netos a través de la nómina de noviembre al diácono Daniel Peruga, que solicitó "por propia voluntad" mediante una instancia dirigida al papa la pérdida del estado clerical y la dispensa de la obligación del celibato, si bien ha insistido en que el papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo Manuel Urueña por motivos de salud.