El Consejo de Administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) cesó, por unanimidad, al director gerente, Ricardo García Becerril, por no informar de una certificación extraordinaria de obras por valor de ocho millones de euros.

Así lo ha explicado este lunes el exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, presidente del Consejo de Plaza de 2007 a 2001, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón sobre Plaza.

Ha expuesto que en diciembre de 2010 comenzó la negociación con la UTE (Acciona-MLN), que duró cuatro meses y el día anterior a la firma del acuerdo, cuando se había acordado abonar 49 millones que Plaza tenía pendientes de pago, "sorpresivamente aparecieron unas certificaciones" que correspondían a una liquidación a la que el gerente había dado el visto bueno y que la UTE había firmado.

"Yo entendí que, estando el gerente con nosotros todos los días y negociando una deuda a la que siete entidades tenían que dar el visto bueno" en una negociación "dura", que el gerente no hubiera manifestado nada de esa certificación "a mí me pareció una deslealtad", por lo que "ese mismo día le retiré los poderes" y el Consejo aprobó el cese por unanimidad (julio 2011). Otros comparecientes han corroborado esta intervención de Vicente.

El exconsejero ha sido el primero en intervenir en esta sesión abierta de la Comisión de Investigación de Plaza, ante la que ha expuesto que en su etapa se aprobaron tres modificaciones del proyecto supramunicipal, una por valor de 13,3 millones de euros para conectar Plaza con la carretera Z-40, construir cinco viales, intervenir en el oleoducto y explanar tres parcelas y cuatro aparcamientos.

La segunda no supuso un incremento presupuestario, ya que consistió en la realización de pequeñas obras y la tercera, en diciembre de 2009, tuvo un presupuesto de 54.670.000 euros y se aprobó para conectar Plaza con la N-II, construir la pasarela peatonal, ampliar la subestación eléctrica y urbanizar la zona donde se ubicó Decathlon.

Hasta 2008 Plaza era "un proyecto en marcha", se había vendido o apalabrado entre el 80 y el 90 por ciento del suelo y "en algún momento se llegó a pensar en la ampliación".

También se llevaron a cabo dos modificaciones de las normas de contratación, la primera para adaptar la gestión de Plaza a la nueva Ley de Contratos del Estado, cambio que se aprobó el 16 de diciembre de 2008, y la segunda para ajustarse a las normas de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, el 16 de junio de 2010.

Respecto a las líneas de crédito, en su etapa "arrastraba" dos por valor de 66 millones de euros y en 2010 vencía, de forma que había que refinanciarlas y además era necesario generar activos para desarrollar la tercera fase de la plataforma.

"Eso nos llevó a un largo periodo de negociación con las entidades bancarias", ya que había que refinanciar 113 millones con Banesto y otras siete entidades. "Cuando se firmó ese crédito los activos superaban ampliamente lo que se firmó" y de hecho "se podía refinanciar la deuda, recuperar el dinero que los accionistas había puesto" y hubo un beneficio de 30 millones.

El consejero delegado

En enero de 2010 se reemplazó el cargo de consejero delegado, que había ostentado Carlos Escó, por una comisión ejecutiva en la que estaban representados todos los accionistas. "Era difícil sustituir a una persona con la experiencia de Escó y de cara al futuro pensé que era darle más accesibilidad a todos los socios en la toma de decisiones".

Respecto a la gestión de la sociedad, Alfonso Vicente ha dicho que el Consejo era "serio y comprometido con el proyecto", contaba con un equipo técnico de su confianza y las decisiones se tomaban por unanimidad, "siempre con la presencia de la asesoría jurídica, tanto externa como interna". Ha dejado claro que "Plaza ha estado sometida al control de las auditorías externas y nadie me participó ningún problema".

Ha señalado que el consejero delegado no era un ejecutivo, sino que su cargo tenía un cariz "más representativo, más de toma de contacto con empresas". La relación de Vicente con Escó fue "absolutamente normal", una relación de trabajo en la que el consejero delegado "siempre colaboró conmigo de una manera leal".

Como los restantes miembros del Consejo, ha apreciado que el Consejo estaba "suficientemente" informado, agregando que las decisiones se tomaban solidariamente.

A preguntas de la Comisión, Alfonso Vicente ha respondido que Plaza no encargó las 52 naves de la segunda fase de la operación de Autocity, que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, "porque las quisiera hacer", sino que "hubo una persona que las compró", en relación a Carlos Oehling, gerente de la empresa mencionada, quien después rescindió legalmente esta operación. "Nos deja con un activo que aún está sin vender", ha lamentado.

Alfonso Vicente ha mencionado los pagarés con que la empresa pública abonaba sus cuentas, haciendo hincapié en que "por el Consejo no pasaba la firma de los pagarés" y que se firmaban sin que este órgano tuviera conocimiento.

Control financiero

Por su parte, el actual consejero de Economía y Empleo, miembro del Consejo entre 2004 y el verano de 2010 como directivo de Ibercaja, Francisco Bono, ha rehusado declarar sobre los temas 'sub iudice', como el caso Naves.

Ha valorado la creación de la filial Plaza Servicios Aéreos, que se creó por el potencial del aeropuerto de Zaragoza, aunque "en el transcurso del tiempo se fue observando que había pérdidas continuadas" y en algún caso él manifestó "cierta disconformidad" con los gestores.

Ha asegurado que informaban al Consejo el director general, y el consejero delegado "en alguna ocasión". Ha apostillado que la responsabilidad de los consejeros "siempre es solidaria", aunque Ibercaja era "minoritaria".

Sobre el cese de García Becerril ha comentado que "cuando un Consejo estima que alguien no cumple con su obligación lo cesa", para a continuación resaltar que Plaza es "la empresa que he conocido en la que ha habido más controles".

Ha precisado que las auditorías externas dan seguridad en aspectos contables, pero no de gestión. Asimismo, ha declarado que hubiera rechazado cualquier informe que no le hubiera merecido confianza.

Alfredo Boné

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, miembro del Consejo desde 2000 a 2011, ha afirmado que "nunca" conoció los informes de control financiero de la sociedad pública y por qué no se elaboraron entre 2007 y 2011.

Sobre el hecho de que los modificados de obras se adjudicaran a la misma empresa, la UTE Acciona-MLN, ha expuesto que "todas las adjudicaciones a las que yo asistí siempre se fundamentaron en informes técnicos y jurídicos muy serios", lo que ha atribuido a que esta UTE "tenía una posición más competitiva" al conocer el proyecto por haberlo desarrollado, aunque siempre se hacía una convocatoria pública.

También ha mencionado que la Corporación Empresarial Pública introdujo una "homogeneización" de los procedimientos administrativos de todas las empresas públicas.

Boné no recuerda cómo se produjo el cese de García Becerril. Sí ha dicho que se planteó un pago por objetivos al gerente, como se hacía entonces en las empresas del Gobierno aragonés.

El exmiembro del Consejo ha subrayado que "en ningún momento" tuvo constancia de ninguna anomalía y que, además, cuando pedía información "siempre se me respondió satisfactoriamente".

"Yo creo que cuando existe la más mínima duda de que se haya podido producir algún tipo de irregularidad hay que llegar al fondo de la cuestión", ha aseverado Boné, quien ha apoyado la creación y los trabajos de la Comisión.

Esta Comisión de Investigación ha sido creada para analizar y depurar las responsabilidades políticas, si las hubiera, sobre la gestión de la Sociedad Pública Plaza y la Plataforma.